El ex alcalde de Getaria Mariano Camio contrató un informe para avalar varias irregularidades al frente de las sociedades encargadas del Museo Balenciaga, cuando descubrió que miembros del Patronato y la Comisión Ejecutiva de la Fundación «empezaban a percatarse» de sus «actuaciones ilícitas».

Así lo describe la querella criminal interpuesta por la Fiscalía de Guipúzcoa ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Azpetia contra Mariano Camio, Julián Argilago (arquitecto cubano autor del proyecto del Museo Balenciaga) y Rolando Paciel (supervisor de las obras mientras el segundo imputado vivía en Miami).

El texto del Ministerio explica que Camio presuntamente encargó a un arquitecto «un informe-dictamen que avalara» un contrato irregular «de arrendamiento de servicios» suscrito entre la Fundación Cristobal Balenciaga y la compañía de Argilagos Hemen Art y una factura emitida por esta empresa «por un proyecto de interiorismo» que costó 115.438 euros.

Según el fiscal, el primer documento, de noviembre de 2001, es un «contrato de servicios entre Mariano Camio, en representación de la Fundación Cristobal Balenciaga, y Julián Argilagos, en representación de Hemen Art», en el que ambos imputados, que mantenían «una intensa relación sentimental», acordaron que el diseño del museo tendría un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de 6,61 millones de euros y que los honorarios a abonar a la empresa de Argilagos ascenderían a 510.860 euros más IVA.

El escrito del Ministerio Público precisa que el contrato firmado por Camio y Argilagos quebrantaba las directrices de la Comisión Ejecutiva de la Fundación, que el 7 de febrero de 2000 había acordado que el proyecto no superara los 800 millones de pesetas (4,8 millones de euros) y que Argilagos «debía quedar fuera de la dirección del proyecto».

A pesar de ello, el «informe-dictamen» encargado por Camio ante las sospechas de miembros del Patronato y la Comisión Ejecutiva, fechado el 23 de mayo de 2003, «declaró la validez y regularidad» del citado contrato. Todo, «pese a que Argilagos no estaba facultado para llevar a cabo las labores contratadas», a que el documento «no estaba visado por el Colegio Oficial de Arquitectos ni por el Colegio Oficial de Diseñadores de Interior y Decoradores» y a que «no había sido autorizado» por la Fundación.

El texto del Ministerio Público añade que cuando el 22 de octubre de 2003 la Fundación reclamó una explicación sobre el informe exculpatorio a Camio, éste «faltó a la verdad» al afirmar que «no había sido él quien había encargado» el documento, que tampoco había seleccionado al arquitecto que lo confeccionó y que el precio del dictamen fue de 600 euros, cuando en realidad el precio abonado había sido de 1.510 euros sin IVA.