En este momento de crisis, los responsables de las administraciones públicas ponen el acento en la necesidad de que los trabajadores obtengan una formación continua que les permita adaptarse al mercado de trabajo. Esa tesis se ha mantenido desde hace años, pero la realidad ha modificado esa hoja de ruta, ya que el Gobierno de Gasteiz aceptó el modelo español de formación continua en 2007, que se contrapone al sistema de calidad de la fundación tripartita Hobetuz.

El equipo de Ibarretxe se olvidó de esa importante materia para el tejido productivo vasco y echó por tierra la pugna que mantenía con el Gobierno español desde 1996 por lograr que los 109 millones de euros que los trabajadores vascos pagan en prestaciones por formación profesional, que ya suman 120, se devuelvan a las arcas públicas vascas para poner en clave de futuro a los trabajadores vascos.

El pasado jueves el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) incluyó la resolución del 30 de diciembre de 2008 del viceconsejero de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, Iñaki Mujika, en la que se otorgan las ayudas económicas a la formación continua de oferta dirigida a trabajadores y delegados de prevención de las empresas. En total se reparten más de 22,1 millones de euros.

El cambio de modelo, que sigue las pautas del sistema español y que el Gobierno de Gasteiz ha aceptado, permite la entrega directa de estas enormes cantidades a las centrales sindicales, a las patronales y centros de enseñanza homologados y de formación profesional. No obstante, hay que tener en cuenta que estas cantidades están al margen de la formación continua de demanda, que las empresas solicitan de forma directa a la Fundación Tripartita española para la Formación profesional continua, a cuenta de las prestaciones sociales de las nóminas de los trabajadores.

Esta modificación significó la marcha de ELA y LAB de ese organismo tripartito, aunque ambas centrales explicaron en su momento que «se les expulsó» al instaurar un modelo que «no sigue las pautas iniciales del acuerdo de Hobetuz, que primaba la calidad de la formación continua, que era impartida por los centros acreditados de formación profesional y de enseñanza, y a la vez dejaba sólo un pequeño margen financiero para los empresarios y sindicatos en esta materia».

Ese modelo finalizó en 2007, al no aceptar el Gobierno de Lakua la decisión mayoritaria de la parte sindical, encarnada por ELA y LAB, en el patronato de Hobetuz. Así, a partir de 2008 se ha seguido el modelo español, que reparte una importante cantidad entre sindicatos y empresarios para desarrollar la formación continua de oferta.

Inyección económica

Según los datos, las patronales integrantes de Confebask obtienen 4,05 millones; la patronal no firmante del acuerdo de 1995 de Hobetuz, otros 1,5 millones. UGT logra para sus planes formativos 2,02 millones, igual que CCOO, 2,02 millones. La central sindical USO tendrá 241.284 euros, según datos de LAB

Entre la patronal y los tres sindicatos, sin contar con los empresarios que no asumieron el acuerdo interprofesional de formación profesional continua que dio origen al acuerdo interprofesional, «se autoasignan» una ayuda económica directa del 37,6% de la financiación, según indica Josu Bilbao, del sindicato LAB. En este sentido, recuerda que otros 143 centros de Formación Profesional y centros de enseñanza homologadas reciben el 55,64% de la financiación, es decir 12,3 millones de euros, lo que muestra la descompensación que se ha producido al cambiar los criterios.

Otros beneficiarios son la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi que tendrá 146.123 euros; los autónomos de UPTA Euskadi, otros 172.233,61 euros; la central sindical CSIF, otros 56.981,61 euros y Osalan, un millón de euros para las tareas de formación en materia de prevención de riesgos laborales.

Patxi Agirrezabala y Mikel Noval, de la Ejecutiva de ELA, aseguran, igual que lo hizo Josu Bilbao, que «al aceptar el modelo de formación continua del Estado español, ya se sabía que iba a primar el apoyo directo a determinadas organizaciones, frente a un modelo de calidad integral como el que estaba instaurado en Hobetuz».

Noval y Agirrezabala explicaron, con rotundidad, que UGT, CCOO y la patronal «cuestionaron el modelo de formación continua vasco, que se logró de un acuerdo tripartito en 1995, para obtener, como lo han conseguido, que prime su negocio y sus intereses frente a la calidad de la formación profesional continua». Ese hecho provoca, sin duda alguna, para los responsables de ELA, «una pérdida de calidad del modelo formativo» e, igual que critica Josu Bilbao, de LAB, lamentan que se habilite en este momento de crisis «un presupuesto importante para formar a los trabajadores con expedientes de suspensión o rescisión de empleo que no es otra cosa que la entrega de financiación directa a las empresas. Es una manera deteriorar la calidad favoreciendo a las empresas y a determinadas centrales sindicales».

«Decisión muy grave»

Como ya denunciaron ELA y LAB, en el plano político esa decisión «es muy grave, porque el Gobierno de Gasteiz hace dejación de competencia en conflicto y acepta la condición que oferta Madrid». Todo ello, provoca a juicio de Mikel Noval que se «pervierta» el origen y el objetivo de Hobetuz que «había permanecido al margen del modelo de corruptelas, que desde la Cámara de Comptos de Nafarroa o del Tribunal de Cuentas español se ha puesto encima de la mesa en muchas ocasiones».

El responsable de LAB en esta materia, Josu Bilbao, señala que «la situación de la formación continua lejos de mejorar, empeora año tras año. En esta situación de crisis, cuando más necesarias se hacen las políticas eficaces en esta materia, la formación continua brilla por su ausencia». Para Bilbao, «es el resultado de años de deriva en esta materia y de la falta de voluntad política para defender un modelo de formación profesional continua propio».

Afirma también que con la actual regulación de las ayudas para formación continua, «las bases que sustentaban el Acuerdo Interprofesional, que suscribimos los agentes sociales en 1995, se ha pervertido: porque se apostaba por un modelo de demanda que respondiera a las necesidades reales detectadas y demandadas por los trabajadores y las pyme; primaba que se hiciera con criterios de calidad formativa y, además, con el protagonismo de los centros de formación profesional, limitando la impartición de las organizaciones firmantes del acuerdo con el objeto de evitar que sus decisiones en Hobetuz se tomasen en función de sus intereses como impartidores, y con el objetivo de evitar que también la gestión de la formación continua se convirtiera en una vía de financiación directa o indirecta de las organizaciones que optaron por ese modelo».

Superávit presupuestario

En vista de que Hobetuz mantiene en la actualidad el camino contrario al que dio su origen, LAB afirma que «el Gobierno de Gasteiz se ha convertido en rehén de Confebask, CCOO y UGT en materia de formación continua». Bilbao reconoce, igual que los miembros de ELA, que, «a pesar de los años de superávit presupuestario de la CAV, Lakua vendió su derecho a decidir en materia de formación continua por poco más de 22 millones de euros anuales, para ponerlos directamente en manos de Confebask, CCOO y UGT».