El 3 de marzo de 1976 nos encontrábamos sufriendo una feroz dictadura agravada por una gran recesión económica producto de un opresor e insaciable sistema capitalista. Dos meses antes se había ido gestando en Gasteiz un ilusionante movimiento popular que aglutinaba a todo tipo de personas y colectivos que entendían la necesidad de lograr un cambio. Un cambio que dignificara las condiciones de trabajo, que rompiera con el pasado y estableciera unas plenas libertades tanto a nivel social como sindical y político; en definitiva, un cambio que propiciara la instauración de una total y real democracia.

Dos fueron las principales herramientas de las que se dotó esa lucha y movilización. Por una parte la solidaridad y, por otra, la participación y toma de decisiones a través de la asamblea. Fue tan grande el recorrido y dimensión alcanzados que tanto el Estado como la patronal se asustaron de las consecuencias que podía originar y la intensidad con la que se emplearon para reprimirlo fue brutal. Cinco trabajadores asesinados y un centenar de heridos, muchos de ellos de extrema gravedad.

Mataron a trabajadores, pero no pudieron matar aquel espíritu que tan hondo había calado en la sociedad y que posibilitó unos logros y derechos impensables sin la lucha llevada a cabo.

Hoy, 33 años después, nos vemos inmersos en una muy similar situación. Una brutal crisis económica originada desde la banca y que como es habitual siempre recae sobre los mismos, es decir, sobre la clase trabajadora y los grupos y colectivos sociales más desfavorecidos y marginados. A nivel laboral es también alarmante la merma y rebaja de derechos y la precariedad en las condiciones de trabajo, con despidos o EREs definitivos o temporales, congelación o merma de salarios, menos seguridad y prevención, que a su vez origina una gran siniestralidad laboral, temporalidad de los contratos, etcétera. No podemos olvidar tampoco el grave recorte de libertades tanto a nivel individual como colectivo. La negación del derecho a decidir, la ilegalización de partidos y opciones políticas, la represión y encarcelamiento de personas por su compromiso social, cultural o político, la práctica de la tortura y el desoimiento de recomendaciones que en materia de derechos humanos se dan desde instancias internacionales son algunas de las vulneraciones que ocurren en Euskal Herria en nuestros días.

Es necesario recuperar las ganas y el espíritu que impulsaron las reivindicaciones, luchas y movilizaciones de aquel 3 de marzo de 1976. Es una tarea difícil, pues el capitalismo y el materialismo que conlleva nos han atrapado en un consumismo atroz en el que frente a la solidaridad prevalece el sálvese quien pueda y con tal de mantener lo propio se machaca y pisotea al de enfrente.

Si a la clase trabajadora le pedimos recuperar aquel espíritu, a la clase política le exigimos que aplique, transcurridos 33 años, justicia para los afectados por aquella criminal actuación. Los responsables tanto materiales como políticos de aquella masacre siguen en la más completa impunidad y ostentando altos cargos en diferentes esferas de poder relevante.

Elaboran leyes que denominan de «memoria» en las que perpetúan la impunidad y niegan el derecho a la verdad y la justicia. Impiden la anulación de juicios farsa celebrados sin ninguna garantía o reabrir sumarios en los que se cometió una total dejación a la hora de investigar y esclarecer los hechos, dando con ello cobijo y amparo a los responsables, como es el caso entre otros muchos de la matanza del 3 de marzo. Unos y otros se amparan en leyes de punto final -como la de Amnistía del 77-, para olvidar y dejar sin revisión sonrojantes episodios criminales cometidos desde o con el beneplácito del Estado.

A pesar de todo ello vamos consiguiendo, a costa de mucho esfuerzo, avances en el ámbito de la verdad y de la posible e incompleta reparación. Y decimos posible e incompleta, pues a pesar de las leyes y normas aprobadas en ese sentido, son muchas las trabas y problemas que van surgiendo a la hora de su aplicación efectiva. Así, la ley conocida como de Memoria Histórica, aparte de negar el derecho a la verdad y a la justicia, niega también en la práctica el derecho a la reparación para un colectivo de afectados que, aun estando contemplados en la Ley como personas que lucharon por las libertades y en defensa de la democracia, no cumple con unos requisitos técnicos marcados en el Decreto regulador de dicha Ley. Difícilmente puede acreditarse, después de 33 años, convivencia y dependencia económica respecto de la persona fallecida, y menos aún si esas personas tenían 17 ó 19 años y compaginaban estudios y trabajo, como Francisco Aznar o Romualdo Barroso, asesinados en el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga de Gasteiz, o en casos de estudiantes que fueron asesinados en manifestaciones, controles militares o en comisarías, como fueron Enrique Ruano en Madrid (19-01-1969), Javier Escalada en Iruñea (14-03-1970), Roberto Pérez Jauregi en Eibar (4-12-1970), Mikel Salegi en Donostia (18-12-1974), Víctor Manuel Pérez Elexpe en Santurtzi (20-01-1975), Koldo Arriola en Ondarru (23-05-1975), Javier Verdejo en Almería (14-08-1976), Mari Luz Nájera en Madrid (24-01-1977) o Gustavo Frecher en Barcelona (16-09-1977), por poner algunos ejemplos de jóvenes asesinados entre las decenas y decenas de víctimas de la impunidad. El resarcimiento por una muerte causada por las fuerzas represivas de un estado dictatorial no puede tener carácter de pensión asistencial, y deberían tener derecho a ese resarcimiento aquellas personas a las que legítimamente les corresponda, independientemente de la convivencia o dependencia económica con el causante del hecho.

Tampoco está claro, a pesar del espíritu con el que entendemos, o queremos entender, que se aprobó la Norma Foral de las Juntas Generales de Araba relativa a los afectados del 3 de marzo de 1976, que todos los heridos en los hechos puedan acogerse a las solicitudes que vienen reguladas por el Decreto. Hemos dado traslado a los grupos políticos de esa máxima institución alavesa de nuestras reflexiones y preocupaciones y esperamos que atendiendo al sentir expresado en los debates y manifestando su clara voluntad de dar solución a los problemas surgidos, puedan reconducirse todas las trabas que a nivel técnico han surgido.

Esa misma voluntad de acabar con el desigual trato y consideración que se da con los afectados por las diferentes violencias y para que todos ellos tengan el mismo reconocimiento es la que vemos que falta también en el Ejecutivo del Gobierno Vasco con el lehendakari a la cabeza. Nos han reconocido en el Parlamento Vasco a los afectados del 3 de marzo como víctimas del terrorismo, pero al mismo tiempo nos excluyen de las leyes de solidaridad que elaboran para dichas víctimas.

Dentro de su hipocresía, hay políticos que ponen el grito en el cielo y tachan de aberrantes informes elaborados desde la propia Dirección de Derechos Humanos en los que se indica la necesidad de acoger y respaldar a esas «otras víctimas» consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política. Otros, dentro de su ambigüedad, consideran que no es el momento oportuno. ¿Para cuándo esa ley? ¿Cuántos años más tienen que pasar? Cuanto más se tarde en abordar esta injusticia, más se ahonda en la herida, más resquemor se crea y al mismo tiempo se cierran escenarios de posibles puntos de encuentro que pudieran darse.

Que este nuevo 3 de marzo sea un punto de inflexión para toda la sociedad en general y para la clase trabajadora y política en particular. Las trabajadoras y trabajadores reafirmándonos en la lucha, de manera solidaria y dejándonos de individualismos, todas y todos, juntas y juntos caminando en la misma dirección. La clase política también tiene una labor pendiente por desarrollar: corregir las injusticias promoviendo y elaborando leyes que traten a las víctimas, a todas sin exclusión, de las diferentes violencias por igual y acabar con la discriminación mantenida. Es su obligación.

Hoy es 3 de marzo, un buen día para empezar.