El grito de socorro de los bancos y aseguradoras de Estados Unidos y Europa es cada vez más desgarrador. La razón, pese a la gigantesca hojarasca en forma de justificaciones vanas, es muy sencilla: no han sabido estar a la altura de las circunstancias en los momentos de algarabía económica y ahora piden a los gobiernos que les regalen un carísimo salvavidas pagado por todos los contribuyentes. En tiempos de grandes beneficios, sin embargo, no levantaban la cabeza de las gráficas que siempre apuntaban hacia arriba y se olvidaron del reparto de la riqueza. El último episodio, la nueva inyección multimillonaria a la aseguradora AIG, es un jalón más en el deterioro galopante del sistema financiero, al que no se ve fin, a pesar de las palabras de aliento que a diario se lanzan desde Washington y Bruselas para calmar el indisimulado sobresalto que viven ya los ciudadanos de a pie y los inversores de bolsa. No se conoce todavía ni un único dato de peso que avale el moderado optimismo que se desea transmitir desde las altas esferas. Todo se fía, por ahora, a que la economía reaccione al tratamiento de shock basado en el endeudamiento de los estados, la expansión de la liquidez y la rebaja de los tipos de interés. Y si, como dicen, los bancos no te sacan de la crisis, pero sin ellos es imposible salir, bueno sería echarles ese salvavidas a cambio de una larga lista de compromisos de futuro que dé al Estado mayor protagonismo en su control. Del mismo modo, también sería de desear para el Estado español la elaboración de un proyecto de banca pública, capaz de apoyar a las empresas y ciudadanos basándose en términos de rentabilidad social. Si estas premisas se cumplen, es muy posible que todos estemos de acuerdo en rescatar el sistema financiero para transformarlo en una herramienta de progreso más justa.