Aquellos políticos que hasta ayer a la noche aceptaron que la ilegalización de la izquierda abertzale condicionara las elecciones al Parlamento de Gasteiz, hasta convertirlas no sólo en antidemocráticas sino en abiertamente fraudulentas, se sorprenden ahora de hasta qué punto la izquierda abertzale es capaz de condicionar la política vasca. Condicionarla aun sin contar oficialmente, desarrollando su labor en condiciones extremas bajo las que ninguno de los otros partidos podría apenas subsistir, menos aún plantar cara como ha hecho la candidatura del «voto de oro».

Una demostración de fuerza que los promotores del apartheid siguen empeñados en negar, pero que tarde o temprano deberían incluir en sus análisis. También en la aritmética de poder que plantean los partidos de cara a la formación de un Parlamento que, no sólo teniendo en cuenta los precedentes sino vistos los resultados, debería ser lo más efímero posible. Ese es ahora el verdadero debate y quien quiera ser sujeto del futuro de este país debería tomarlo por bandera más pronto que tarde. Sólo así podrían algunos recuperar su credibilidad.

En este contexto, mientras el PNV y el PSOE discuten sobre la formula aritmética del liderazgo y sus respectivas legitimidades para conformar gobierno, la izquierda abertzale tiene en sus filas uno de los más claros símbolos de la situación política actual, suficiente por sí mismo para desmontar esos falsos debates. Parte de un colectivo de más de 700 presos políticos, la periodista y cabeza de lista de D3M Amparo Lasheras continúa en una prisión madrileña bajo la acusación de promover una candidatura que ayer sus conciudadanos apoyaron claramente. Quienes plantean que, en 2009 y en el centro de Europa, esa situación es normal y no merece ser tenida en cuenta no pueden liderar un pueblo o traer cambio político alguno. Si todo el mundo había aceptado ya que estamos ante un problema político, nadie puede pretender ahora hacernos creer que el conflicto vasco es, en realidad, un dilema matemático.