El gobierno de transición, que seguirá sometido a Israel, necesitará resolver la crisis de credibilidad de la Autoridad Palestina, en especial cuando surgen voces que piden disolverla y que sea Israel quien asuma los costes de la ocupación. Además, tendrá que acordar la fecha de los comicios y devolver a la ciudadanía la confianza en unas nuevas elecciones, después de que la comunidad internacional tumbara al Gobierno en 2006.

Las negociaciones abordarán también la reforma de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), que es quien negocia los acuerdos con Israel y en la que Hamás aún no está representada, poco después de que las elecciones israelíes dejaran claro que Tel Aviv no está dispuesta a sentarse en una mesa. Israel, cuyo próximo primer ministro, Benjamin Netanyahu, no acepta la teoría de dos estados, ha comenzado ya a condicionar la cumbre exigiendo que la nueva OLP ratifique los tratados anteriores con el Estado israelí. Nadie en la comunidad internacio- nal ha cuestionado un futuro gobierno que, aún en el aire, estará en manos de la ultraderecha, después de que la virtual ganadora de las elecciones, Tzipi Livni, haya rechazado unirse a la administración del Likud.

«Hay dos posibilidades: un gobierno unitario formado por miembros de todos los grupos y liderado por un independiente acordado por unanimidad o una administración de tecnócratas», explica Abdala Abdala, líder de Al Fatah en Cisjordania y presidente del Consejo Político del Parlamento Palestino. Por el momento, sólo están acordadas las cinco comisiones (preparación de elecciones, reconciliación, reforma de la OLP, rediseño de las fuerzas de seguridad y creación del nuevo Ejecutivo), que comenzarán a trabajar el día 10 y se prolongarán durante tres semanas. Los principales grupos (salvo Hamás y Fatah) han nombrado a sus portavoces.

Además, dos mesas con representación de todos los partidos supervisarán el proceso en Gaza y Cisjordania. El gran abismo estratégico entre el movimiento nacionalista y los islamistas se ha puesto en evidencia desde el minuto cero. «El nuevo gobierno tendrá que reconocer a Israel», declaró recientemente el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Un mensaje directo hacia la resistencia islámica, que responde asegurando que no aceptará «condiciones previas».

La solución, según Khalida Jarrar, parlamentaria del Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP) y miembro de la comisión que preparará las elecciones, podría venir con «la implantación de los acuerdos de El Cairo y el Documento de los prisioneros [el texto firmado por presos de todas las formaciones por la creación de un Estado Palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este]». Sobre estas premisas, que en principio cuentan con el aval de todo el espectro palestino, Jarrar aboga por «reformar la OLP en base a planteamientos más democráticos». No obstante, el miedo de la parlamentaria izquierdista, como el de muchos palestinos, es que las presiones externas desdibujen el acuerdo interno.

«Los pactos tienen que ser entre las formaciones palestinas», asegura Jarrar, quien apuesta por blindar el proceso a los intereses foráneos. «Debemos ser pragmáticos», matiza Abdala, que mantiene las tesis institucionales de Al Fatah. «No podemos poner en marcha un Gobierno que no cuente con el apoyo internacional».

Palestina se encuentra en una situación compleja. Con un Al Fatah dividido y convertido en colaborador a los ojos de parte de la población, un Hamás tricéfalo y sometido a fuertes presiones y una izquierda siempre fragmentada, parece difícil encontrar una estrategia unitaria. El debate no ha cambiado desde que la OLP firmó sus primeros acuerdos con Israel en Oslo: negociación o resistencia. Aunque, a juicio del analista político Hani Al Masri, «ahora hay más bases para el entendimiento. Ni Fatah ni Hamás pueden lograr sus objetivos en solitario».

Aboga por la resistencia pacífica que siente a Israel en una mesa, en la línea de lo propugnado por Mustafá Barguti y su «tercera vía». «Aunque tenemos derecho a usar todas las fórmulas a nuestro alcance», recuerda tras insistir en lo obvio: el movimiento islámico ha salido reforzado de la última ofensiva.

Y considera inevitable un recrudecimiento del conflicto si éste continúa en los mismos parámetros. Aunque la posibilidad inmediata de una tercera Intifada, alentada tras la masacre de Gaza, se cerró con la represión ejercida por la Policía de Abbas.

En estas condiciones, ¿tiene futuro la Autoridad Palestina? Al Masri condiciona su viabilidad a la reforma. «Debe volver a estar supeditada a la OLP. Si sigue la línea de hasta ahora, está acabada». La tesis del desmantelamiento es también defendida por Ali Jarbaui, profesor de Ciencias Políticas en Bir Zeit (Ramallah), que se inclina por borrar del mapa la administración palestina y forzar a Israel a que asuma los costes de la ocupación. «Hemos aceptado tener un Estado en el 17% de nuestra tierra histórica, pero siguen creciendo los asentamientos y los checkpoints. Así no es viable una administración que se ocupe de la situación económica».

Por eso la discusión se centrará en la OLP. Una organización que, tras 35 años, necesita un lavado de cara. La entrada de Hamás y la Yihad Islámica después de dos décadas de actividad al margen supondría un punto de inflexión, pero genera reticencias en Fatah, que invita a los islamistas pero insiste en que no aceptará a nadie «que reste legitimidad» a la organización. La fórmula de gobierno que se acuerde tendrá, como primera prioridad, reconstruir Gaza. Pero después tendrá que plantearse qué hacer frente a una administración hebrea ultraderechis- ta que no ha abandonado la política de hechos consumados: comer más y más terreno para llevárselo, ya anexionado, a la enésima mesa de negociación.