A raíz de la iniciativa del Gobierno español de aprobar una nueva ley de aborto, el tema ha vuelto a ponerse encima de la mesa y el debate ha saltado a la calle. Lo cierto es que éste nunca ha dejado de ser uno de los frentes de lucha del movimiento feminista, que hoy, Día Internacional de la Mujer, reivindicará una vez más el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Han pasado más de 30 años desde que, en la década de los 70, once mujeres fueran juzgadas por abortar o practicar el aborto en Basauri. En 1985 llegaría la ley actualmente en vigor, norma que nunca ha satisfecho al movimiento feminista.

Juana Aranguren es abogada e integrante de la organización Plazandreok, así como de la asociación de mujeres juristas Themis. Reconoce que la normativa que se aprobó en 1985 evitó que cada año muriesen muchas mujeres por prácticas clandestinas de aborto; sin embargo, considera que la ley no evitó la inseguridad jurídica de las mujeres ni garantizó el derecho a decidir sobre su cuerpo. «Al fin y al cabo, la mayoría de los abortos se realizan bajo el tercer supuesto, el que autoriza el aborto porque el embarazo representa un grave peligro para la salud de la madre, y se hace gracias a la amplia definición que la OMS hace de la salud». Puntualiza que la mujer que pretende abortar necesita un certificado médico que acredite ese peligro y, de ese modo, «la decisión depende siempre de una tercera persona y no de la mujer».

Aranguren comenta que la nueva ley debería evitar ese tipo de situaciones y asegurar que la mujer tenga la última palabra: «La ley tiene que inspirarse en el derecho a decidir y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres». La norma también debería abordar la cuestión de las menores y eliminar el requisito del permiso paternal. «Si a los 14 años eres mayor de edad penal, también puedes decidir si deseas abortar o no». La legalización del aborto, tiene que ir acompañada, tal como indica Aranguren, con medidas para que la sanidad pública garantice este servicio.

Y es que casi la totalidad de las intervenciones se realizan actualmente en centros privados. Así lo recoge Euskal Herriko Bilgune Feminista en un completo informe que ha realizado en torno a la situación del aborto en nuestro país. De él se extraen datos tan llamativos como que, de los 3.655 abortos que se practicaron en 2007 en Hego Euskal Herria, 3.473 se llevaron a cabo en clínicas privadas y tan sólo 182 en la red pública. Destaca significativamente el caso de Nafarroa, ya que tan sólo se practicó un aborto en Osasunbidea.

Señala Aranguren que la norma que se aprobó en 1985, además de dejar a las mujeres indefensas ante los ataques de la Iglesia y la derecha, también hizo lo propio con los facultativos médicos. «En Nafarroa. por ejemplo, aunque esté despenalizado en los tres supuestos, no hay ningún profesional que se atreva a hacerlo porque en su día los que lo hicieron fueron perseguidos duramente». Recuerda a este respecto cómo en 1994 tuvo que defender a un grupo médico que practicó el aborto a una joven navarra: «Unos vecinos que pertenecían al Opus Dei siguieron a la joven hasta Donostia y los denunciaron. Al final, el fiscal retiró los cargos, pero para aquella joven y para los médicos que la atendieron fue un duro proceso». Por ello, la nueva ley de aborto que pretende aprobar el Gobierno español tendría que ir acompañada de una regulación de la objeción de conciencia que establezca que sólo pueda objetar el personal sanitario «porque, a día de hoy, si no es el médico -explica la letrada-, lo hace el personal de limpieza o el de enfermería...». Ante ese tipo de situaciones, el hospital debería garantizar que haya personas que practiquen abortos y tomarlo en cuenta a la hora de contratar al personal, «pero me temo que es más difícil que se practiquen abortos en la red pública que lograr una ley de plazos», lamenta.

En la cuerda floja

En Ipar Euskal Herria está en vigor la ley Veil, aprobada en 1975, que despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, 14 semanas desde la última menstruación. Pese a que la ley francesa es más permisiva que la española, el derecho al aborto todavía hoy es una asignatura pendiente. Como explica María José Arana, miembro de Planning Familial, muchas mujeres optan por salir del Estado para abortar. «Los médicos son cómodos. Cuando se aprobó el aborto no quirúrgico hasta las primeras cinco semanas de embarazo, nos ilusionamos porque creímos que los médicos iban a involucrarse, pero no ocurrió así», recuerda. «Entre los facultativos -añade- no está bien considerado y actualmente sólo lo realizan médicos que han tomado conciencia».

La educación sexual es una de las labores que, no sin trabas y amenazas, lleva a cabo la asociación en la que trabaja Arana. Precisamente, hace un mes el Gobierno de Sarkozy anunció la suspensión de las subvenciones a esta labor, si bien finalmente ha optado por echarse atrás. «Los poderes públicos de la derecha consideran que no es una labor que deba hacerse con cargo a la sanidad pública y que, si la gente lo demanda, debe pagarlo». En su opinión, en el Estado francés «todo lo que es planificación, sexualidad... está en la cuerda floja. Hay que trabajar por mantener los derechos que adquirimos porque, si no estamos atentas, nadie nos asegura que los vayamos a tener en un futuro».

La educación sexual es otra de las reivindicaciones que se han reavivado en torno a la norma que elabora el Gobierno de Zapatero. Aranguren sostiene que «el aborto es siempre el último remedio y se tiene que trabajar más a fondo el aspecto de la prevención». En esta línea se ha manifestado también Bilgune Feminista, que reclama que la nueva ley vaya acompañada de políticas y medidas integrales en salud sexual y en salud reproductiva, basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos».

Más allá de los informes preliminares, está por ver lo que traerá consigo la nueva ley española. Mientras, las mujeres seguirán luchando para que todos sus derechos sean reconocidos y queden blindados.