La clave imprescindible para comprender cómo se han transformado los votos recogidos en las urnas instaladas el pasado domingo en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a la hora de repartir los escaños del Parlamento de Gasteiz es, simple y llanamente, el «golpe institucional» que ha recibido, una vez más, la democracia en Euskal Herria. La imposición del apartheid, vía ilegalización de candidaturas y anulación de votos, por parte del tándem PSOE-PP es la «razón» por la que Patxi López puede ya pasear luciendo una ikurriña en la solapa como lehendakari in pectore del Ejecutivo de Lakua. A esa imposición hay que añadir la sumisión o colaboración de las fuerzas políticas vascas que se muestran incapaces de enfrentarse a una situación antidemocrática que -cuanto antes lo asuman, mejor para todos- no afecta sólo a la izquierda abertzale, sino al conjunto de la sociedad vasca y, en especial, a todos aquellos sectores que aspiran a ejercer libremente el derecho a decidir de este pueblo.

Desde que el 1 de marzo se consumara el nuevo «pucherazo» electoral se han escuchado críticas más llamativas que las habituales contra la ilegalización por parte de los portavoces de PNV, EA, EB y Aralar. Pero la mayoría de ellos sólo se han lamentado porque ahora se consideran víctimas del apartheid por cuanto se pueden ver apartados de los cargos institucionales que hasta ahora han gestionado como representantes del Estado español en la CAV. Por el momento, pues, no se perciben movimientos de fondo para consensuar una estrategia común que haga frente a una ofensiva españolista de tal envergadura que, como ya se está constatando, pretende legitimar su asalto al poder incluso olvidando los favores que ha recibido de la cúpula del PNV cada vez que La Moncloa ha necesitado su respaldo para frenar al independentismo.

Esa apuesta estratégica es la que mantiene la izquierda abertzale tras haber consolidado su respaldo social pese a que la campaña arrancó con el encarcelamiento de ocho personas, incluida la cabeza de lista de D3M por Araba, por el mero hecho de confeccionar candidaturas electorales, y prosiguió con la ilegalización de esa plataforma y del partido Askatasuna, la anulación de las papeletas, el boicot informativo, la persecución policial, con el acoso de la Ertzaintza pueblo a pueblo, de cualquier movimiento que pretendiera llevar a cabo un «delito» tan insólito en cualquier Estado de derecho como repartir votos o colocar carteles.

No cabe duda alguna sobre la capacidad de resistencia de la izquierda abertzale pero, como recuerdan sus portavoces una y otra vez, resistir es una necesidad frente a la actitud de los estados que no debe impedir la concreción de líneas de actuación en todos los ámbitos de la política con mayúsculas con un objetivo claro: transformar el actual modelo socio-económico, dando paso a una sociedad más justa, en la que la igualdad entre mujeres y hombres no sea una reivindicación del 8 de Marzo, sino un hecho efectivo; en la que el reparto del trabajo se traduzca en un reparto equitativo de los beneficios; y en la que defender la independencia de Euskal Herria, como cualquier otra opción política, no sea motivo de encarcelamiento.

El vencedor noqueado

Esos movimientos estratégicos en los que deberían implicarse esos sectores de izquierdas y abertzales que configuran la mayoría social de este país podrían cambiar el panorama institucional surgido del apartheid. Un panorama tan confuso en estos momentos que permite ver al candidato del PSOE a lehendakari como el triunfador de las elecciones cuando las urnas le otorgaron, sino el papel del gran perdedor, al menos el de un aspirante noqueado. Patxi López se quedó muy lejos de Juan José Ibarretxe, tanto en votos como en escaños, y además se quedó tan lejos de las expectativas creadas por su propio partido que ni siquiera reaccionó a tiempo en la noche del 1-M y permitió que fuera el PP el que le proclamara lehendakari.

A partir de ese momento, con el terreno de juego limitado tácticamente por la derecha española, al PSOE no le queda más remedio que limitarse a cumplir plazos en espera de que llegue la hora de la investidura, en la que podría jurar por la Ley de Partidos que no va a respetar la voluntad de las vascas y los vascos ni va a defender sus derechos políticos, como no lo ha hecho el PNV en el Ayuntamiento de Bilbo ni en el de Lizarra, ni en las Juntas Generales de Gipuzkoa ni en las de Araba... Y cuando suba al atril de la Cámara de Gasteiz, López podrá comenzar su discurso siguiendo el guión que la dirección del PNV presentó el jueves a la delegación del PSE, cuyo primer punto reza así: «Reconocimiento de la pluralidad política de la sociedad vasca, explicitada en el conjunto de opciones políticas que han logrado representación en el Parlamento Vasco (...). Dicha pluralidad nos enriquece y nos fortalece. En la medida en que seamos capaces de responder a esa pluralidad tendremos capacidad para resolver cuestiones más importantes». Un pasaje que, como es lógico deducir, sería aplaudido irremediablemente desde la bancada jeltzale.