La Gestora Municipal que preside el jeltzale Félix Aranbarri está empeñada en frenar la campaña de desobediencia que secundan cientos de ondarrutarras para reivindicar que se les restablezcan sus derechos civiles y políticos. Para ello, ha comenzado a enviar cartas en las que da un ultimátum al medio millar largo de vecinos que practican la insumisión fiscal a una institución creada por el PNV para gestionar la actividad municipal.

En la misiva, la Gestora les insta a abonar tasas e impuestos pendientes de cobro «de forma voluntaria» sin recargo. Si en el plazo de quince días no atienden el requerimiento, los jeltzales han decidido obligar al pago por vía ejecutiva, para lo que cuentan con la colaboración de la Hacienda foral. En agosto de 2008, la Gestora rubricó un convenio con la Diputación de Bizkaia para que empleé su maquinaria coercitiva sobre los cientos de insumisos.

En caso de mantenerse firmes en su posición, el PNV amenaza con aplicar un recargo y dejar el cobro en manos de la institución que preside José Luis Bilbao. Hacienda iniciaría entonces el procedimiento de apremio, que incluye desde intereses de demora hasta multas.

La campaña de desobediencia civil impulsada por la izquierda independentista comenzó en 2005, dos años después de que, en mayo de 2003, en virtud de la Ley de Partidos, la plataforma Ondarroako Herriarentzat fuera apartada del Ayuntamiento a pesar de ser la fuerza política más votada en las urnas.

Bajo el lema «Eskubiderik ez, betebeharrik ez», numerosos ondarrutarras dejaron de abonar en febrero de 2005 las tasas de agua, alcantarillado y basura, ampliándose a partir de junio a los impuestos relacionados con los vehículos y licencias de obras. En los comicios locales de 2007, la izquierda abertzale fue excluida de nuevo a pesar de lograr el respaldo de 2.141 ciudadanos, el Ayuntamiento no se constituyó y el PNV creó la Gestora con presencia del PP.

En marzo de 2008, al proseguir la insumisión fiscal, la entidad que preside Aranbarri trató de contratar a una empresa especializada en el cobro ¯Gesmunipal¯, que finalmente se echó atrás a la vista de la situación. Entonces, el PNV decidió emplear a la Diputación.

Ante esta nueva amenaza, ya que hubo otra anterior en agosto de 2008, la izquierda abertzale continúa reivindicando sus derechos. «Nosotros estamos dispuestos a pagar los recibos atrasados, eso es lo primero que decimos. ¿Están ellos dispuestos a respetar nuestros derechos, nuestras decisiones?», preguntan.

«El PNV ahora se posiciona en contra de la Ley de Partidos pero en Ondarroa, en Mendexa... se beneficia de ella», denuncian los independentistas, que se muestran tranquilos por la nueva campaña desatada por la Gestora Municipal para tratar de amedrentarles.