La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha cerrado la puerta a las comunidades autonómicas para que puedan gestionar la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC). ELA presentó una demanda en octubre de 2008, a la que se sumó la central galega CIG, para impedir que sólo la Fundación Laboral de la Construcción, un órgano formado por los empresarios y CCOO y UGT, pudiera emitir esa tarjeta. Ni el Gobierno de Gasteiz ni el de Iruñea se han pronunciado sobre este decisión judicial, que merma las competencias que ambos tienen.

Según informó a GARA Gurutz Gorraiz, secretario de la Federación Hainbat de ELA, la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción establece como uno de los requisitos de las empresas la obligación de acreditar la formación de sus trabajadores para poder acceder al registro y, a la vez, poder intervenir en los procesos de subcontratación. El fin que persigue es, en teoría, que los trabajadores se formen para evitar la elevada siniestralidad existente en el sector. ELA y LAB dudan de ese objetivo.

tarjeta obligatoria en 2012

«La posesión de la Tarjeta Profesional de la Construcción es fruto del convenio estatal de la Construcción y se constituye, por el contrario, como una obligación para el trabajador y será necesaria para trabajar en el sector», según explicó Gorraiz. De hecho, la Fundación Laboral de la Construcción ha confirmado que a partir del 2012 los trabajadores deberán contar con esa tarjeta.

En este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional reconoce el ámbito estatal de la aplicación del acuerdo entre los empresarios, CCOO y UGT porque «no deja de ser lógico por razones de homogeneización del sector en una materia tan sensible como la prevención de la siniestralidad ante la movilidad laboral intraestatal, mediante el establecimiento de un único marco normativo `ad hoc'» y advierte que la legislación del Estatuto de los Trabajadores atribuye en esta materia «una competencia exclusiva y excluyente al nivel de negociación estatal» y explica que el IV Convenio Colectivo estatal de la Construcción «no hace sino atenerse a lo reglado en la ley».

De momento, según los datos de esa fundación, que está integrada por asociaciones empresariales y CCOO y UGT, cerca de 50.000 trabajadores se han acreditado, siguiendo las pautas marcadas por el IV Convenio General del sector de la Construcción, cuya vigencia alcanza al 2011. Esta fundación también está inmersa en el Plan estatal de Formación Continua. Según sus datos, en 2008 participaron 123.178 alumnos, más del doble que un año antes.

El responsable de la Federación Hainbat de ELA reconoció que «la nueva tarjeta es obligatoria para trabajar y para conseguirla existe un requisito indispensable: haber realizado, al menos, una acción formativa con un mínimo de ocho horas en materia de seguridad y salud laboral, que debe estar homologada por la Fundación Laboral de la Construcción». Gurutz Gorraiz reconoce que la decisión de la Audiencia Nacional es «difícil de comprender», por lo que ELA ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar que esa formación en materia de prevención de riesgos laborales se ejerza por los centros homologados.

Porque, a juicio de ELA, «se regula la formación en materia de salud laboral en un sistema único de ámbito estatal, a través de la negociación colectiva de ámbito estatal y desde una fundación privada». También porque, según opina Gorraiz, «intenta cerrar la capacidad de formación imperativa, pero también la complementaria a los convenios de ámbito provincial y a las comunidades autonómicas», y, a la vez, porque «transforma un deber del empresario, es decir el formar en materia de salud laboral, en una obligación del trabajador, ya que necesita la tarjeta para poder trabajar».

Además, a su juicio, supone «una discriminación para quien no la tenga, porque se le impedirá el acceso al trabajo» y, como explicó el responsable sindical, «porque a través de la tarjeta se acredita una formación que no cubre el mínimo legal que deben dar los empresarios».

«Fraude a los trabajadores»

LAB considera que ese requisito supone «una excusa obligatoria para no mejorar nada». Según la central sindical que lidera Ainhoa Etxaide, «no mantenemos una posición contraria en torno a las medidas que supongan una mayor formación de los trabajadores. Ahora bien, el modelo en el que va a gestionarse dentro de la Tarjeta Profesional de la Construcción la consideramos un fraude a los trabajadores del sector». En este sentido, lamenta que esa tarjeta se regula por un convenio colectivo sectorial estatal, lo que supone «una imposición en toda regla desde Madrid a la capacidad de decisión de los trabajadores que vivimos y trabajamos en Euskal Herria. Es un ataque a la capacidad de decisión que excluye a los sindicatos mayoritarios de este país».

También explica que la tarjeta profesional se financia por medio de cotizaciones que se hacen a la Fundación Laboral de la Construcción. «Es un dinero que a la hora de negociar el convenio debiera de engrosar la masa salarial para mejorar las condiciones salariales y laborales de las trabajadores del sector, es desviado a un `chiringuito' que sigue anteponiendo sus beneficios privados a los intereses de los trabajadores». En este sentido, las constructoras «han congelado» las cuotas que aportarán para financiar la Fundación laboral de la Construcción correspondientes a 2009 debido «a la actual coyuntura de crisis que atraviesa el sector, según consta en el acuerdo de revisión salarial de la Construcción para 2009, firmado por los sindicatos estatales y la patronal. La cuota para este año se fija en el 0,175% de la base de la cotización a la Seguridad Social de cada una de las empresas miembros.

Centros acreditados y homologados

LAB, por otro lado, explica que la formación «se debiera impartir desde los centros públicos acreditados para garantizar la calidad, la transparencia y, por lo tanto, el control de su gestión. Porque de lo contrario, como ha ocurrido con la formación continua, esta formación para lo único que va a servir es para financiar a la fundación laboral, a la patronal y a los sindicatos CCOO y UGT, que nuevamente vuelven a vender los derechos de los trabajadores en beneficio de sus intereses particulares». Es por ello que la central sindical considera que «la formación debe ser adecuada y responder a las necesidades del sector, ya que como recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 19, la formación debería de ser una formación no únicamente teórica, tal y como se plantea, sino también práctica, lo que no se recoge en la formación de la Tarjeta Profesional de la Construcción».

La crítica de LAB va también más lejos, ya que considera que «hasta que no se adopten medidas que propicien un cambio radical en las condiciones de trabajo -accidentes, enfermedades profesionales, subcontratación, temporalidad, jornadas interminables, ritmos de trabajo infernales, entre otras- la realidad del sector no va a cambiar. Es más, la formación recibida podrá crear trabajadores frustrados, porque van a recibir información teórica que en la práctica no van a poder aplicar ante la falta de recursos necesarios. Pero también va a servir esa formación como una coartada para culpabilizar a las víctimas, ya que si se produce un accidente no serán pocas las empresas que justificarán su falta de responsabilidad argumentando que la persona accidentada tenía la formación requerida. Sin duda, es un efecto perverso que ya sucede».

Al igual que critica ELA, la central que dirige Etxaide expresa que «los gobiernos de Gasteiz e Iruñea se dedican a mirar hacia otro lado e imitan las mismas políticas y recetas que establece Madrid». LAB se pregunta «¿cuáles han sido las medidas e iniciativas para reducir las malas condiciones laborales del sector de la Construcción? ¿cuáles se han practicado para eliminar las altísimas tasas de subcontratación de la que la propia Administración participa? ¿cuáles han sido las medidas preventivas y sancionadoras ante el goteo inaceptable de accidentes y muertes padecidas en el sector».

Responde que los gobiernos «se han dedicado a incrementar con muchos millones las adjudicaciones de obra pública para, que en este momento que las constructoras no obtienen los grandísimos beneficios de los últimos años, se les garanticen medidas que sirvan para paliar la crisis en los bolsillos del accionariado de las constructoras».

La central sindical concluye que ni es tarjeta ni la legislación sobre subcontratación «van a solucionar los graves problemas del sector, que padece una elevada precariedad, sufre de la economía sumergida y donde se producen prácticas autoritarias y abusivas de lo jefes con excesiva frecuencia».