En un contexto de crisis económica aguda, el Gobierno de UPN-CDN y su socio externo del PSN han decidido meter a las arcas navarras en una operación económica de enormes dimensiones y sin garantías a la vista. Miguel Sanz y Roberto Jiménez, en calidad de presidente del Ejecutivo y secretario general del PSN, presentaron ayer juntos una oferta al Gobierno estatal que consiste en que Nafarroa asuma en exclusiva el inicio de las obras, ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo en torno al sistema de financiación.

La iniciativa se produce después de que el miércoles el vicepresidente estatal, Miguel Solbes, dejara meridianamente cla- ras las reticencias de Madrid ante la operación. Pese a que existe un principio de acuerdo desde 2007, las dificultades econó- micas han provocado un constante tira y afloja entre las dos administraciones que va demorando sin fecha el cierre del convenio.

Así las cosas, UPN y PSN lideran este paso adelante que implica embarcar a todos los contribuyentes navarros. Pero el momento más sorprendente de toda la comparecencia se produjo cuando Sanz fue interpelado por los periodistas sobre a cuánto ascendería la cantidad a «adelantar». El presidente navarro respondió que «lo importante es el fin, no importan los medios, sino que el TAV se haga ya. Lo tenemos calculado, pero no lo vamos a citar, porque eso es la anécdota, y no queremos que la anécdota se convierta en categoría».

La «anécdota» superaría probablemente los 800 millones de euros. Esa es, al menos, la previsión de gasto en el TAV incluida por UPN y PSN en el llamado Plan Navarra 2012, un total que debía repartirse entre Iruñea y de Madrid. La propuesta hecha ahora por UPN y PSN permite a la Administración estatal desentenderse del tema al menos durante un largo tiempo.

Los firmantes del acuerdo tampoco precisaron durante cuánto tiempo están dispuestos a pagar estas obras en exclusiva. Aunque Sanz comenzó hablando de «dos años», cuando se le apuntó que en el texto firmado ayer no consta una fecha exacta, matizó que serán «dos o tres años». Esto nos sitúa en el escenario previsto por el Plan Navarra 2012, que alcanza a los próximos tres ejercicios presupues- tarios hasta prever un gasto total de 831 millones.

Los intereses, perdidos ya

El convenio se configura como una propuesta a Madrid, que ha sido trasladada por carta urgente según explicó Sanz. Cabe suponer que la parte estatal aceptará la fórmula dadas las fa- cilidades otorgadas por sus interlocutores navarros, aunque Solbes indicó el miércoles en el Congreso que no consideran que Madrid deba cofinanciar esa obra a través de la fórmula planteada por Iruñea, es decir, adelantar ahora los pagos y descontarlos posteriormente del Cupo que Iruñea abona anualmente a Madrid. El vicepresidente económico de Zapatero alegó que el Convenio Económico con Nafarroa no es idéntico al Concierto Económico con la CAV en este punto.

Aunque, como parece lógico, el Gobierno del PSOE terminara aceptando esta fórmula, las arcas navarras perderían los intereses de los créditos que deberán solicitar, además lógica- mente del multimillonario coste de los trabajos. Sanz indicó que están dispuestos a asumirlo, y apuntó en su descargo que esperan que Nafarroa logre unos préstamos en buenas condiciones «porque los ratings acreditan nuestra solvencia».

La indefinición de la fórmula quedó en evidencia en las palabras de Roberto Jiménez, ya que apuntó en un par de ocasiones que no es la única posible y que «estamos abiertos a todo, no sacralizamos nada; si hay otra vía, nos nos cerramos a nada». El líder del PSN dejó caer que ni siquiera tienen garantías de que sus compañeros de partido de la Administración Zapatero vayan a admitir este procedimiento, más allá de que «la receptividad es máxima» y «las conversaciones son fluidas». Jiménez apuntó que desde el PSN creen que el Convenio Económico permite esta vía, pero matizó en alusión a Solbes que «no estoy aquí para enmendar la plana a nadie».

Importante preocupación social

Tanto Sanz como Jiménez adornaron el anuncio del acuerdo afirmando que el TAV es una demanda social, sin explicar en qué basan esta tesis (las únicas movilizaciones al respecto han sido para rechazar el proyecto o pedir un debate previo). Jiménez dijo por ejemplo que «hay una preocupación muy importante en la sociedad navarra por la demora del convenio. Hemos hecho esto escuchando lo que está diciendo la sociedad».

El acuerdo suscrito ayer llega a afirmar que el TAV es «una demanda del conjunto de la sociedad navarra» con un «amplísimo reflejo» en el Parlamento. En una significativa excusatio non petita, Jiménez añadió que «esto no es un capricho».