Una pelea entre vecinos con resultado de muerte, según el tribunal que juzgó y condenó a los acusados. Un caso de terrorismo de estado, según la esposa de Ángel Berroeta, muerto hace cinco años a consecuencia de los tiros y las puñaladas recibidos de un policía nacional español y su hijo; lo mismo que opinan los vecinos que, como todos los años, ayer le ofrecieron un sentido homenaje en el quinto aniversario de su muerte. Una muerte inducida por un ambiente creado, tras los atentados del 11-m en Madrid, por los gobiernos central y autonómicos, y mantenido a sabiendas de la verdadera autoría del atentado. Una muerte que fue oficialmente minimizada y la solidaridad e indignación que provocó reprimidas. No extraña, por tanto, que esa muerte no haya merecido el menor gesto de solidaridad por parte de institución alguna. Sí ha merecido, al parecer, el acoso policial a la familia de Berroeta durante estos años, cuya última muestra ha sido la persecución a quienes colocaban carteles referentes al homenaje ayer celebrado. La esposa del homenajeado se preguntó si eso no es «enaltecimiento del terrorismo». Cualquiera se puede preguntar por qué la justicia es tan implacable en unos casos y en otros tan indulgente, tanto que a mendudo llega aceptar la impunidad.

Una enorme injusticia cuyos numerosos responsables quisieran en el olvido.