La corrupción está de moda. Apenas se castiga, no se exigen responsabilidades ni se legisla contra ella y esa impunidad histórica determina que se repita sin cesar. Numerosos medios de comunicación claman para que ciertos delitos no prescriban y aumenten las penas, basándose en la venganza y contraviniendo los principios del derecho penal contenidos en los textos internacionales sobre la materia.

Entre esos delitos, al no ser catalogados como graves por los líderes de opinión, nunca figuran la corrupción, la evasión de capitales ni la tortura. Sobre este último asunto, ¿cómo se va a erradicar si el propio comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González García, y otros cuatro altos cargos de este cuerpo han sido imputados o encausados por practicar personalmente la tortura en varios sumarios con el resultado de al menos un muerto (Arregi 1981)?

Pero sigamos con la apatía de algunas instancias de renombre contra la corrupción. Cuál ha sido mi sorpresa al encontrar un reciente artículo («Diario de Navarra», 28-1-09) acerca de la presentación del libro «Saviálogos 08», que reúne las reflexiones de cincuenta expertos sobre el futuro y ha sido organizado y financiado por Caja Navarra. El reportaje de sociedad informa sobre las importantes personalidades del mundo de la empresa, la política y la comunicación que acudieron al evento y, en negrita, en el apartado de los políticos, destaca la presencia «del que fuera presidente de Navarra Gabriel Urralburu acompañado de la abogada Teresa Bueyes» (penalista defensora de la esposa del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y vinculada al mundillo del corazón).

El periódico con más tirada de Nafarroa informa sobre la presencia del personaje, aunque olvida recordar que fuera condenado y encarcelado, junto a su consejero de Obras Públicas, por cohecho continuado y delitos contra la Hacienda Pública, que no colaboró con la justicia para esclarecer el caso ni ha devuelto una peseta de los cientos de millones que robó y que nunca ha mostrado arrepentimiento.

Caja Navarra, la principal institución económica del viejo Reyno, invita a un acto público, como si fuera una personalidad relevante de la sociedad, a este delincuente, y el periódico navarro más influyente lo cuenta como si aquí no hubiera ocurrido nada. Qué tiempos aquéllos en los que Churchill afirmaba: «Democracia es que cualquiera que acceda a la administración salga con el mismo dinero con el que entró».

El siguiente tema que se analizará en este artículo nos lleva a recordar una antigua y sabia recomendación: «No sólo hay que ser honrado, sino parecerlo». Gendulain es el mayor proyecto urbanístico de la historia de Nafarroa. La construcción de una ciudad nueva para más de 50.000 personas en los aledaños de Iruñea. El terreno, hoy todavía rústico, pertenecía a los herederos del Condado de Gendulain, linaje histórico en esta tierra.

Sorpresivamente, su veterano abogado de confianza fue sustituido para gestionar la venta del enorme terreno por el despacho de abogados San Martín-Caballero (ahora en excedencia por evidentes incompatibilidades; Javier Caballero, fundador y socio del bufete, es vicepresidente del Gobierno navarro). Uno de los tres letrados autorizados para representar a los nobles en la operación es Susana Jaime Blanco, hija del ex alcalde de Iruñea también de UPN, Alfredo Jaime. Este político está vinculado al urbanismo desde su época en el consistorio iruindarra y la propia Cámara de Comptos le acusó de «importantes infracciones» en materia de contratación administrativa y sus auditores demostraron que el 92% de las obras se habían contratado por el sistema de adjudicación directa durante su gestión.

La «operación Gendulain» fue defendida por UPN y CDN, y contó con el rechazo de NaBai, ANV, PSOE, los ayuntamientos afectados y la Cámara de Comptos. Llama la atención que 24 días después de la compra del terreno se resolviera la convocatoria de adquisición de futuro suelo residencial por parte del Gobierno navarro, otorgando la máxima puntuación a Gendulain. Además de las numerosas irregularidades todavía sub judice, la actual crisis económica ha paralizado un proyecto que chocaba con el mínimo sentido común por innecesario (9.000 viviendas vacías en la comarca), caro, incompatible con otras promociones ya estipuladas y centrado en la especulación en lugar de en la atención a los intereses de la población.

Pues bien, resulta que ahora es el PSOE el que urge ante el parlamento a pagar con dinero público a estas promotoras por sus «derechos edificatorios» y sacarles «de la asfixia económica que padecen». ¿Por qué los compradores -DSL SL, empresa participada por la ACP, asociación de constructores locales de más raigambre- se embarcaron en una inversión de 132 millones de euros (22 mil millones de las antiguas pesetas) en la compra de un terreno sin garantías de recalificación? ¿Qué avales respaldaban tamaña operación para no establecer cláusulas de devolución del terreno, en caso de no prosperar la iniciativa, como es habitual en este tipo de operaciones? ¿Tiene algo que ver que el prestamista de la unión de constructores sea Caja Navarra, cuyo Consejo de Administración está controlado por UPN?

La situación política de Nafarroa muestra una parálisis que beneficia a este tipo de comportamientos. No pocos echamos de menos una oposición más contundente en las instituciones y, superadas las ilegalizaciones, un bloque de izquierdas que movilice a la ciudadanía contra tanta tomadura de pelo. Ojalá un nuevo cambio de ciclo político impida que la gestión política siga en manos de quienes han llevado a cabo tales atropellos con absoluta impunidad.

Entre todos debemos conseguir que el tándem UPN-PSOE se vea obligado a enfrentarse a un polo soberanista de izquierdas que responda a los intereses populares -creado con generosidad y sin prisas electorales- y que lidere la ya nombrada movilización ciudadana. Como alentaba K. Marx, «hay que motivar para suscitar la acción social».