La decisión del Gobierno español de construir en los antiguos polvorines de Zabaia una macrocárcel, distante apenas medio kilómetro a la existente desde hace años en Langraiz, ha llevado a organismos sociales, vecinos y también a las instituciones a posicionarse sobre este proyecto, mayoritariamente rechazado tanto entre los vecinos de Iruña Oka como en el resto del herrialde.

Hace ya unos meses que se presentó a la opinión pública la Plataforma alavesa contra la Macrocárcel, que ha hecho una importante labor de interpelación sobre las instituciones implicadas, y también al conjunto de la sociedad. Desde la Diputación, por su parte, el Departamento de Medio Ambiente ha criticado abiertamente la gestión del Ejecutivo español y de la dirección de Instituciones Penitenciarias, mientras en el Ayuntamiento, la alcaldía del PSE pende del hilo de una moción de censura por este motivo.

Ayer, plataforma, Diputación, y los concejales del PNV, PP, Agrupación Electoral Veleia Oca (AEVO) y Badaia-Iruñaoka Elkartea (BAI/BIE) convocaron a los vecinos a un encuentro en el Salón de Actos del Centro Cívico de Langraiz para, según apuntaron en su llamamiento, «abrir un proceso de participación ciudadana» sobre este tema.

En una «carta informativa», los convocantes recordaron a los vecinos que «se va a construir en vuestro municipio una nueva macrocárcel, que va a afectar a vuestro patrimonio natural, cultural y urbanístico» y que, por tanto, «va a afectar a vuestra calidad de vida y a vuestro futuro».

Entre quienes intervinieron en el encuentro de ayer estuvieron, entre otros, Cesar Manzanos y Andrés illana, de la plataforma, el diputado de Medio Ambiente, Mikel Mintegi, y Txarli Martínez de Bujanda, capellán de la cárcel de Langraiz.

Quinto municipio de Araba

Explicaron, a este respecto, que Araba contará en los próximos años con un total de 2.500 personas presas repartidas en las dos cárceles de Iruña Oka, y que la proyectada en Zabaia albergará a casi dos mil personas «hacinadas en 848 celdas de escasas dimensiones». Junto a ellos, funcionarios, ertzainas y más personal hasta crear el quinto pueblo de Araba con más de dos mil habitantes, «sin pedir ningún permiso».

Estos grupos y organismos recuerdan también que la mayoría de los alaveses y alavesas presas seguirán cumpliendo sucondena lejos del herrialde, mientras que los encarcelados en Araba serán de fuera, por tanto, «también lejos de su lugar de residencia habitual».

Asimismo, denunciaron que se ha excavado una superficie de terreno de especial protección medioambiental -el equivalente a 80 campos de fútbol-, violando la legislación, tanto la provincial, como la comunitaria, la estatal y la europea, y sin realizar informe alguno de impacto ambiental.