Las autoridades paquistaníes intentaban ayer por todos los medios neutralizar la marcha convocada por los abogados y la oposición y que tiene previsto llegar a Islamabad el lunes, mientras sus aliados occidentales temen que se produzca un estallido de violencia.

Sin embargo, ni los cientos de detenciones de los últimos días ni la prohibición del derecho de reunión que extendió a una gran parte del país parecían haber disuadido a los manifestantes opositores.

Éstos reclaman el retorno a sus funciones de los jueces destituidos en 2007 por el régimen militar de Pervez Musharraf, incluido el ex presidente del Tribunal Supremo Muhammad Iftikhar Chaudhry, convertido en símbolo de una democracia que el Gobierno civil, en funciones desde hace un año, apenas ha puesto en marcha.

«Alto a las detenciones» y «La larga marcha a cualquier precio» fueron algunos de los eslóganes que corearon 150 abogados que se movilizaron en Peshawar, la gran ciudad del noroeste, haciendo frente a la prohibición de manifestarse que está en vigor en tres de las cuatro provincias de Pakistán, así como en Islamabad.

Un primer convoy fue detenido por barreras policiales el jueves a la salida de Karachi, punto de partida desde el sur del país de la marcha convocada por la oposición. Otro convoy fue bloqueado poco después en una carretera que tiene su origen en el suroeste.

«Las medidas que ha tomado el Gobierno demuestran a la población de Pakistán y del mundo entero que los abogados no pueden desplazarse libremente por su propio país», proclamó Alí Ahmed Kurd, el presidente de los abogados del Tribunal Supremo, que fue detenido en la barrera policial.

«Vamos a intentar llegar a Islamabad por otros caminos y llamamos a todos los paquistaníes a hacer lo mismo», explicó.

Grave crisis política

Los abogados tienen el apoyo de la oposición política, liderada por el antiguo primer ministro Nawaz Sharif, muy molesto por una sentencia del Supremo que el 25 de febrero le excluyó de la vida política.

Sus llamamientos al levantamientos popular le han supuesto amenazas de ser procesado por sedición, al igual que a su hermano Shahbaz, afectado por la misma sentencia cuando era jefe del Gobierno de Punjab, la provincia más poblado de Pakistán.

Este movimiento de la oposición ha sumido a Pakistán en la más grave crisis política desde la caída del régimen de Musharraf, provocando duras críticas y advertencias de sus aliados occidentales.