Catorce jóvenes de Iruñerria han pasado por la AN este último mes
Catorce jóvenes navarros han comparecido ante la Audiencia Nacional española en las últimas cuatro semanas. Todos ellos figuraban en una «lista negra» cuya existencia anunció el movimiento pro-amnistía hace unos meses y que habría sido elaborada por la Policía española y la Guardia Civil a partir de las declaraciones realizadas en el periodo de incomunicación por algunos de los jóvenes arrestados en los operativos policiales del pasado año.
GARA |
Catorce de la veintena de personas que figuraban en la llamada «lista negra» de Nafarroa anunciada por el movimiento pro-amnistía hace tres meses y medio ya han pasado por los juz- gados de la Audiencia Nacional española. La Policía española y la Guardia Civil habría obtenido sus nombres de boca de los jóvenes arrestados en las redadas efectuadas en Iruñerria entre agosto y noviembre del pasado año cuando éstos se encontraban en situación de incomunicación.
«Para ello utilizaron con nosotros prácticas c0mo `la bolsa', nos amenazaron y nos golpearon, nos mantuvieron despiertos durante días y nos presionaron sicológicamente para que declarásemos lo que ellos que- rían», relató ayer Irati Mujika, una de las personas detenidas y encarceladas en aquellas redadas, en la rueda de prensa que ofrecieron ayer algunos de los jóvenes excarcelados junto a familiares y varios de los últimos imputados.
Cuando han transcurrido unos pocos meses desde aquella concatenación de operativos policiales en los que fueron detenidos un total de 22 jóvenes independentistas de Iruñea y su comarca bajo las genéricas acusaciones de pertenecer a Segi y haber participado en acciones de kale borroka, gran parte de ellos se encuentra ya en la calle al haber recuperado la libertad tras el pago de cuantiosas fianzas. Precisamente, los comparecientes denunciaron que los once jóvenes excarcelados en fechas recientes han tenido que hacer frente «al pago de un total de 96.000 euros en concepto de fianzas».
Asimismo, Mujika alertó de que si bien a los últimos imputados «se les llama a declarar sin antes incomunicarles y torturarles, tenemos que denunciar que las acusaciones contra ellos se basan en estas declaraciones arrancadas bajo torturas, a las que la Audiencia Nacional, como tribunal antidemocrático y excepcional que es, otorga plena validez».
«Continuaremos luchando»
En ese sentido, la joven de Arrosadia, tras advertir de que esas imputaciones «serán utilizadas en futuros juicios para tratar de condenar a jóvenes navarros a altas penas de prisión», aseguró que pese a todas las trabas y obstáculos continuarán «trabajando por una Euskal Herria mejor, más solidaria y comprometida con los derechos de su ciudadanía». «Continuaremos luchando barrio a barrio, pueblo a pueblo, por lo que consideramos justo. El hecho de que los que hemos sido excarcelados estemos hoy aquí es una prueba de ello», se afirmó Mujika.
Junto a ello, los comparecientes quisieron solidarizarse con los presos políticos vascos encarcelados en cárceles españolas y francesas. «No dejaremos de luchar hasta que les saquemos a todos», advirtió.
En denuncia por las últimas citaciones de jóvenes navarros, se ha convocado una concentración para este viernes a las 19.00 frente a la Delegación del Gobierno español en Iruñea, en la Plaza de Merindades.
En la comparecencia de ayer también se denunció la reciente condena de 16 años de cárcel impuesta al joven de Etxarri-Aranatz Hodei IJurko, al que se acusaba de haber lanzado dos cócteles molotov contra una patrulla de la Policía Foral. «Nos hemos acostumbrado a escuchar sentencias desorbitadas y parece que estamos inmunes ante estas barbaridades. Pero no podemos aceptar estas injusticias», alertó Lurdes Arizkuren, quien comparó el caso de Ijurko con el del joven que mató a cuchilladas a Ángel Berrueta, Miguel José De la Peña, condenado a 15 años de cárcel por ese crimen. «Es clarísima la desproporción de la sentencia, y con ello es evidente que la Justicia no es igual para todos», denunció.
A su juicio, la sentencia impuesta a Ijurko tiene dos claras motivaciones políticas. «La primera, poner una condena ejemplarizante para atajar ese incremento de un 180% de las acciones de kale borroka en Navarra, y la segunda, dotar de más impunidad a las actuaciones represivas de la Policía Foral, dando más facilidades para que ese cuerpo pueda seguir desarrollándose como policía represiva integral».
Aseguró que si ese mismo hecho se hubiera producido en otra parte del Estado español, se hubiese considerado «como una alteración del orden público y por tanto la condena sería muchísimo menor».
