Los vecinos piden ser atendidos en la revisión del Plan General de Bilbo
El Consistorio bilbaino avanza en su pretensión de revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para adecuarlo al modelo de ciudad por el que se apuesta desde la institución. Uno de los grandes retos será atender las continuas reivindicaciones del movimiento ciudadano, que apuesta por consolidar la actual trama urbana en vez de avanzar en nuevas expansiones a la búsqueda de más plusvalías.
Agustín GOIKOETXEA |
En setiembre de 2006, PNV y Ezker Batua acordaron iniciar los trabajos de revisión del PGOU, el instrumento principal de regulación urbanística que, de algún modo, rompió cuando se aprobó hace 12 años con el pasado especulativo y desordenado del uso del suelo, un bien muy preciado en el Botxo. Aunque el equipo de Iñaki Azkuna apueste ahora por su actualización, el documento ha sufrido ya más de 200 modificaciones, algunas de gran importancia.
Desde el movimiento vecinal, crítico con la ciudad de servicios que ha construido el PNV con el respaldo de PSE, PP y EB, se viene defendiendo que al margen de criterios urbanísticos es fundamental atender los derechos de las personas que la habitan, «sobre parámetros de calidad de vida, sobre la calidad del aire y el entorno que nos rodea, sobre el ruido en nuestra ciudad, la calidad, cantidad y precio del agua; ordenación del territorio, modos de participación, sobre bases culturales propias, sobre recursos económicos y comportamiento de los gobernantes».
Sus reivindicaciones, explican desde las AAVV de Bilbo, se recogen en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos de las Ciudades», que Iñaki Azkuna, alcalde tan dado a la rúbrica de documentos, curiosamente no ha firmado. Los colectivos vecinales defienden que deben participar en la construcción de la ciudad del siglo XXI y que las autoridades tienen que habilitar cauces para ello.
«No es participación el ceder por parte del gobierno municipal a una empresa privada la elaboración de planes estratégicos municipales y no dar participación ni tan siquiera a las personas afectadas por ellos», argumentan. La llegada de EB a las tareas de gobierno, apostillan desde el movimiento ciudadano, ha cambiado «algunos modos bruscos de Azkuna» pero no la esencia de su estrategia.
Desde el Área de Urbanismo y Medio Ambiente, su delegada, Julia Madrazo, ha promovido dos «simulaciones» de participación ciudadana en Olabeaga y Zorrotzaurre.
Olabeaga y Zorrotzaurre
En el primero de los barrios, explica Carlos Ruiz, portavoz de la Federación de AAVV de Bilbo, «se partió de un núcleo vecinal importante con opiniones y proyectos propios, pero esto podía dar al Ayuntamiento muchos problemas, no obedecía a los intereses reales de los diseñadores del nuevo barrio, se fue alargando con alegaciones no aceptadas, pasando el tiempo proyecto tras proyecto y, al final, se quedó el grupo de personas selectas que no acierta a plantar cara a un Ayuntamiento abusón y manipulador».
«En el caso del diseño del nuevo Zorrotzaurre -añade Ruiz- la cosa ha estado más clara desde el principio, la Comisión Gestora, compuesta por empresarios, técnicos municipales y arquitectos `estrella', dejaron a vecinos y pequeños negocios fuera de la gestión del suelo en esa zona. La señora Madrazo con sus `Talleres de ejercicios espirituales' simuló una participación vecinal de opinadores ajenos al barrio, sin vecindad y sin poder hablar del barrio».
Son dos ejemplos, a juicio de Ruiz, de la falta de voluntad política del Consistorio bilbaino por cambiar el rumbo. Su percepción es de que «el Ayuntamiento no atiende las demandas de los ciudadanos. No hay cambio, se contempla la participación de los vecinos como si fuésemos floreros, el alcalde insulta a la representación popular y su socio calla. No hay transparencia en la gestión de los proyectos».
La revisión del PGOU, tal y como avanzó hace unos meses Julia Madrazo, responsable municipal de Urbanismo, no contemplará otra expansión urbanística; en principio, porque no hay más suelo que colonizar en la capital vizcaina. Operaciones como Bolueta, Garellano, San Mamés-Olabeaga y Zorrotzaurre se acometerán antes de su aprobación, en un proceso que se vislumbra dilatado.
Los organismos ciudadanos lo tienen claro: «No queremos ser `Las Vegas del Norte de España', ciudad de paso y fotografía». «Cualquier ciudad que se precie de ser un buen lugar de residencia para sus gentes tiene que poseer en sus cercanías tejido económico, materias alimentarias y servicios suficientes para emplear y suministrar a sus habitantes, para crear bienes de uso necesarios para la vida, además de ser suficientes en educación, sanidad, servicios residenciales o vivienda. Estos mínimos -apunta Ruiz- no están garantizados, vamos en la dirección de tener una ciudad del modelo del que quien no tiene bienes materiales o dinerarios no tiene derechos, esto crea marginación, paro, agresiones, incultura, pérdida de identidad nacional...».
Para setiembre puede estar concluido un trabajo impulsado por Parte Hartuz, equipo de investigación de la UPV-EHU, por encargo del Consistorio bilbaino, sobre la participación ciudadana en el proceso de renovación del ordenamiento urbanístico de Bilbo. Este documento acompañará al principal, áquel en el que los responsables de Urbanismo trazan las grandes líneas maestras del futuro desarrollo de la villa.
En una primera fase del trabajo, los investigadores están realizando una serie de entrevistas para pulsar la opinión ciudadana, institucional y de los agentes económicos y técnicos sobre el vigente PGOU, las asignaturas pendientes que debiera afrontar su revisión y los cauces de participación ciudadana que se establecen para su actualización. Una vez acometida esta etapa, se propone la organización de unos talleres en los que se profundicen sobre las principales conclusiones del documento sociológico.
Este trabajo irá a manos de la Oficina de revisión del PGOU, que dirige un técnico municipal de Urbanismo, Mauro Valdivielso, y acompañará al documento básico, en el que se establecen las directrices de planeamiento para las próximas décadas en Bilbo. Este proceso se pone en marcha a la vez que se agudizan las críticas que desde diferentes agentes se hace al modelo de ciudad que se impulsó en la década de los años 90 bajo el mandato del alcalde jeltzale Josu Ortuondo: Bilbo, ciudad de servicios del Eje Atlántico.
Desde el movimiento ciudadano, por ejemplo, se recuperan y actualizan las críticas que se hicieron al primer PGOU, que no fueron atendidas.
La Oficina de revisión del PGOU de Bilbo contará con una sede en la calle Colón de Larreategi, por la que el Consistorio abonará mensualmente un alquiler de 1.000 euros a la Santa Casa de Misericordia. El responsable es la Oficina es Mauro Valdivielso.
Las AAVV de Bilbo estiman que los consejos de distrito «sólo suponen un colador para que los problemas de los barrios no lleguen a tratarse». Por ello, apuestan por modificar el actual modelo de descentralización. «Los hay más avanzados», subrayan.
Desde el movimiento ciudadano se ha efectuado un balance del actual PGOU y analizados los instrumentos para la participación vecinal efectiva. Ahora, desde la experiencia, estudian los nuevos retos para estos organismos sociales.
