El Gobierno Vasco aprobó hace varias semanas un decreto en el que, junto a otras determinaciones, establece un nuevo estatuto para las clases de Religión en el Bachillerato: los alumnos que no cursen esta asignatura estarán exentos, en esas horas, de cualquier otra actividad académica vinculante. El anuncio público y explícito que el Gobierno ha hecho de esta decisión y su inclusión en el Boletín Oficial del 27 de febrero nos obliga, muy a nuestro pesar, a interponer un recurso jurídico y a emitir también públicamente nuestra neta y firme postura ante una disposición que, a nuestro entender, ni se atiene a la legalidad ni valora suficientemente el bien social que aporta la enseñanza de la Religión en la escuela.

Durante muchos meses los obispos de esta Comunidad Autónoma, en sintonía con la Federación de Centros Eclesiales, Kristau Eskola, hemos sostenido con el Ejecutivo un diálogo franco acerca de algunas cláusulas de este Decreto que, al afectar notablemente a las clases de Religión, nos atañen directamente. Su mero anuncio por parte del Departamento de Educación ha provocado, en este curso académico, descenso drástico de la matrícula de Religión en el Bachillerato, desmotivación del alumnado y alarma en profesores y en familias. En el concreto marco escolar adolescente, cualquier clase desprovista de alternativa vinculante pierde rango académico y talla numérica. Más aún si, como ha sucedido con mucha frecuencia, los centros han desplazado estas clases a horas marginales dentro del horario escolar.

A pesar de nuestros esfuerzos en el diálogo con diferentes instancias del Gobierno, no hemos logrado llegar a una fórmula concertada. El Decreto ha salido tal cual estaba diseñado por el Departamento de Educación en este punto delicado.

Estas son las razones por las que mantenemos nuestra posición:

1. Fundados en dictámenes jurídicos sólidos y acreditados, los obispos de la CAV estimamos que el nuevo estatuto de la clase de Religión en el Bachillerato contraviene el texto y el espíritu de un Pacto Internacional al que el Gobierno de Vitoria debe atenerse: los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. En ellos se estipula que «el hecho de recibir o no la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar» (art. 2). Es claro que la carga académica mayor para los que eligen la clase de Religión frente a los que no la eligen constituye, en el ambiente y mentalidad escolares, una discriminación real.

2. El Decreto ignora dos sentencias del Tribunal Supremo que establecen que la ausencia de actividades alternativas supone «una penalización de la Religión y un motivo disuasorio en contra» de su elección. (Sentencia del 1 de abril de 1998).

3. La transmisión de valores a las jóvenes generaciones es una necesaria prioridad de la Escuela. Su cumplimiento se ha vuelto especialmente difícil en nuestro tiempo. El Consejo de Europa hace notar que los valores mantenidos por este organismo se derivan de los valores de la Religión Cristiana (cfr. Recomendación 1720 del año 2005, art. 12). En efecto, la Religión Cristiana es un manantial saludable de valores y una fuente de motivos de peso para vivir y convivir. Todo lo que contribuye a devaluar la Religión a los ojos de los alumnos y la sociedad debilita tales valores y motivos. Es evidente que la falta de alternativa devalúa la Religión ante ellos.

4. El Parlamento Europeo aconseja a los Estados miembros que procuren potenciar la enseñanza de la Religión Cristiana, a la que consideran una de las claves principales para comprender nuestro mundo europeo. Una «sociedad del conocimiento» no puede olvidar algo tan fundamental. En sintonía con estas orientaciones, diversos países europeos han arbitrado, también para los cursos equivalentes al Bachillerato, una oferta escolar más amplia que la nuestra. No acabamos de explicarnos por qué en nuestra Comunidad Autónoma se sigue una dirección contrapuesta.

Estas convicciones nos conducen a mantener, junto con profesores y padres, nuestro empeño por lograr, por vías coherentes con el Evangelio y abiertas a todos los ciudadanos en una sociedad democrática, que la clase de Religión recobre cuanto antes el estatuto legalmente normal que hoy no se le reconoce.

(*) Junto a Ricardo Blázquez y Juan María Uriarte, obispos de Bilbo y Donostia respectivamente, firman este escrito el obispo de Gasteiz, Miguel Asurmendi, y el obispo auxiliar de Bilbo, Mario Iceta.