ELA advierte de que la crisis aumentará la exclusión
Doce años de crecimiento no han reducido las tasas de pobreza
Después de que durante doce años de crecimiento económico la riqueza generada en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no haya reducido las tasas de pobreza, ELA alerta de que, sin un aumento del gasto social, la actual crisis económica hará aumentar estas situaciones.
GARA | BILBO
ELA alertó ayer de que, después de que durante la fase de crecimiento económico, la creación de riqueza no haya servido para disminuir los niveles de pobreza, con la actual crisis económica ésta comenzará a aumentar.
En un informe presentado en Bilbao, por el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, junto a Mikel Noval, responsable del área social y Julene Gabiola, miembro del gabinete técnico, el sindicato evidencia que las tasas de la pobreza en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se han mantenido estables en los últimos doce años
El informe de ELA, titulado «La pobreza, la peor cara de la distribución de la riqueza», se basa en los datos que el Gobierno de Lakua obtiene a través de la encuesta sobre la pobreza y las desigualdades sociales.
Esta encuesta refleja que la pobreza de mantenimiento -la insuficiencia de recursos económicos para cubrir necesidades básicas como alimentación vivienda, vestido y calzado- afectó en 2008 a un 4,1% de la población de los tres territorios de la CAV, es decir a 88.643 personas, un porcentaje algo superior al registrado en 1996 (4,0%) y mayor que el de 2004 (3,5%).
En cuanto a la denominada ausencia de bienestar -insuficiencia de recursos para hacer frente a gastos habituales para mantener unos mínimos de bienestar- la población afectada es del 14,6% (314.000 personas).
En este caso observa una evolución positiva desde 1996, porque ese ha reducido casi a la mitad desde el 28,3% de ese año. «No obstante sigue siendo preocupante el hecho de que más de una de cada seis personas se encuentre actualmente en esta situación», indica el informe.
Muñoz recordó que esos doce años han constituido una época de crecimiento económico, en la que, sin embargo, las tasas de pobreza configuran «la foto más cruel, que determina el fracaso de las políticas públicas».
«Desde 1993 hemos asistido a un fuerte aumento de la riqueza, pero su distribución ha sido cada vez más desigual. De esta forma, ni siquiera se ha producido una reducción de la pobreza», indica el estudio de ELA.
Agravamiento
Añade que en un momento en el que la situación económica ha empeorado y en el que se constata un aumento del desempleo, «con toda seguridad, se va a producir un agravamiento de la pobreza, por lo que van a ser aún más necesarias políticas eficaces contra la pobreza y a favor de la inclusión social».
El dirigente sindical abogó por un aumento del gasto social, aumentando la recaudación por medio de los impuestos a través de la incorporación de elementos de progresividad, de manera que paguen más quienes más ganen, a la vez que se combata el fraude fiscal.
A su juicio, en el ámbito de la CAV «hay mucho margen para aumentar el gasto social» al contar actualmente con las cotas más bajas de la Unión Europea en la materia.
En su opinión, «dinero hay para ello, como lo demuestra el hecho de que a los bancos se les está dando todo lo que piden y más».
Pobreza con empleo
El informe de ELA recuerda que la encuesta que elabora Lakua reconoce que la pobreza no sólo está ligada a personas en situación de paro, sino que afecta a personas con empleo. En concreto, el 2,5% de la población ocupada de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se encuentra en situación de pobreza, lo que, según el sindicato, «evidencia un elevado nivel de precariedad» laboral.
ELA subraya que cuanto más estable y firme es la situación laboral, menos pobreza se refleja y que «queda en entredicho el sistema público de protección a las situaciones de desempleo, que refleja que casi la mitad de la población parada sufre una situación de pobreza».
Los colectivos más afectados por la pobreza son mujeres, jóvenes, familias monoparentales y población inmigrante, según el estudio. Así, el 8,2% de los hogares encabezados por mujeres sufre pobreza frente al 4,1% en general. En cuanto a la población menor de 35 años, la pobreza afecta al 10,6% de los hogares encabezados por estas personas. Un 11% de las familias monoparentales sufre de pobreza y en el caso de la población inmigrante llega hasta el 26,2%. En el caso de los hogares encabezados por una persona en paro, la pobreza alcanza al 46,8%.
Pobreza encubierta
ELA también destaca la «pobreza encubierta» existente, ya que de optar por llevar a cabo una vida independiente y en solitario, el porcentaje de población en situación de pobreza se dispararía hasta el 29,7%.
«Este hecho condiciona sin duda las decisiones que todas estas personas puedan llegar a tomar a la hora de llevar a cabo una vida digna» subraya el estudio. La encuesta indica que en la CAV hay más de 126.000 personas que señalan que desean constituir un hogar independiente, de los que el 85% no puede hacerlo por falta de recursos económicos. De esta forma, el riesgo de pobreza amenaza a muchas otras personas que aún no se hayan incluidas en ese colectivo según la encuesta. Concretamente, alcanza al 47,1% de las mujeres, al 55% de la población de fuera de la Unión Europea y al 32,9% de la población ocupada no estable.
El método
Por otro lado, ELA reconoce que el concepto de pobreza es relativo y depende del método con que se elabore. En el caso del Gobierno de Lakua, se trata de una encuesta, es decir, de información que aportan los propios ciudadanos en función de la percepción subjetiva de su propia situación, que en muchos casos no identifican con la pobreza pese a padecerla. ELA recuerda que, además, faltan los datos de Nafarroa, pero señala que ha venido utilizando la encuesta porque, al realizarse cada cuatro años, posibilita analizar la evolución de estas situaciones en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Sin embargo, el sindicato critica que la última edición de la encuesta «ha perdido objetividad» y claridad en los datos. Así, los califica de «tendenciosos» porque Lakua subraya y repite los datos más positivos, «mientras los negativos pasan desapercibidos».
De hecho, otras aproximaciones al problema de la pobreza ofrecen una imagen más grave de la situación en Euskal Herria, La plataforma contra la exclusión social Elkartzen elabora cada año un cálculo del umbral de ingresos mínimo bajo el que estima que se sitúa la situación de pobreza.
Este método toma como referencia el Producto Interior Bruto per cápita dividido por la población y establece que el umbral de la pobreza se encuentra en el 37,5% de ese dato.
De esta forma, las situaciones de pobreza van mucho más allá del 4% del Gobierno de Lakua, ya que alcanzarían a quienes no lleguen a unos ingresos mensuales de 1.080 euros en doce pagas. Este sistema de cálculo hace que la situación de pobreza amenace a casi una de cada tres personas, ya que cerca de 400.000 trabajadores se encuentran en esta situación, así como más de 200.000 pensionistas y decenas de miles de personas sin ingresos o beneficiarias de la renta básica.
La pobreza afecta también a las personas con empleo, pero además, queda en entredicho el sistema público de protección a las situaciones de desempleo, que refleja que casi la mitad de la población parada sufre una situación de pobreza
De optar por llevar a cabo una vida independiente y en solitario, el porcentaje de población en situación de pobreza en la CAV se dispararía hasta el 29,7%, lo que condiciona sus decisiones para poder llevar a cabo una vida digna.
Tras el análisis de la situación de la pobreza en la CAV, ELA criticó que la nueva Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social que ha puesto en marcha el Gobierno de Lakua puede no suponer avances y llegar a empeorar las prestaciones que reciben los colectivos en situación de exclusión al introducir nuevos requisitos para su cobro, precisamente en un momento en el que la situación de crisis golpeará más a estas personas.
Para el sindicato, «se ha perdido una oportunidad de avanzar» en este ámbito con la nueva Ley que el Parlamento de Gasteiz aprobó en diciembre pasado.
Entre las novedades de la nueva ley, se encuentra la incorporación de dos nuevas prestaciones: la renta complementaria de ingresos de trabajo -para completar los ingresos de las unidades convivenciales de quienes tienen rentas de trabajo- y la prestación de complementaria de vivienda -para cubrir los gastos de alquiler a las personas que reciben la renta de garantía de ingresos-. Estas nuevas ayudas se sumarían a las actuales de renta básica y ayudas de emergencia social (AES). La miembro del gabinete técnico de ELA Julene Gabiola consideró que estas incorporaciones suponen en un principio un avance, pero puntualizó que la primera tiene «un alcance limitado» y la segunda está pendiente de desarrollo reglamentario.
Además, tampoco se conoce el efecto que tendrá en el presupuesto final la incorporación de las nuevas prestaciones, según ELA.
El sindicato alertó de que las incompatibilidades que se establecen en la nueva ley para la concesión de las distintas prestaciones o los requisitos adicionales planteados para acceder a ellas «pueden llegar a suponer que las cantidades recibidas o el alcance de las mismas sean inferiores a las de la legislación anterior». Así, la renta básica es incompatible con la percepción de la renta complementaria de ingresos de trabajo. La prestación complementaria de vivienda es incompatible con las AES para gastos de vivienda y la renta básica y la renta complementaria de ingresos son, a su vez, incompatibles con las AES para alquiler de vivienda. ELA señala que la ley no ha supuesto mejora en la cuantía de la renta básica, que sigue por debajo del umbral de la pobreza ni se ha rebajado la edad para poder recibirla, que, en general, sigue situada en los 23 años.
ELA también destacó el elevado nivel de revisiones y controles a los que se somete a quienes reciben la renta básica, a su juicio, avanzando en el planteamiento de equipararles «con presuntos defraudadores». Así, las administraciones públicas, tanto Lakua como los ayuntamientos realizan una revisión anual además de las que estimen oportunas.
El sindicato llama la atención del contraste con «el escaso esfuerzo en inspección fiscal», ya que sólo se inspecciona cada año al 1,2% de las rentas no salariales.
Los nuevos requisitos para cobrar la renta básica, además, pueden dejar fuera a muchas personas que hasta ahora la disfrutaban y, además, frente a la duración ilimitada de la ley anterior, se limitará a dos años, pudiendo ser renovada, lo que aumenta la burocratización y el peligro de dejar de cobrarla. En cuanto a las AES, siguen sujetas a la dotación presupuestaria, se fija un tope máximo y aumenta el número de requisitos de acceso.
La clave para acometer políticas de inclusión social, según ELA, está en el aumento del gasto social y asegura que hay mucho margen para ello. Propone aumentar los ingresos a través de la fiscalidad, de forma que pague más quien más gane y se combata el fraude.
La Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social establece nuevas condiciones e incompatibilidades que ponen trabas a la percepción de prestaciones, y controles que trata a estas personas como presuntos defraudadores.
