Desde la Diputación de Araba no tienen ni un atisbo de duda sobre la falsedad de los hallazgos de Iruña Veleia. De hecho, ayer se presentó una querella contra los responsables de lo ocurrido en el yacimiento, ya que consideran que existen indicios de delito suficientes «para ejercer acciones legales» contra quienes presuntamente hubieran cometido un delito de ataque al patrimonio cultural alavés.

De esta forma queda abierta la vía penal para depurar responsabilidades. Tal y como explicó la diputada de Cultura, Lorena López de Lacalle, el ente foral ha optado por adoptar un papel activo, ya que consideran que la institución ha sido «especial y directamente perjudicada por todo lo acontecido». Las bases en las que sustentan esta decisión son, según López de Lacalle, los indicios de delito que han hallado en los veinte meses que el ente foral ha dedicado a aclarar la situación de los hallazgos de Iruña Veleia. El «intenso proceso de trabajo» ha dado, por tanto, «suficientes indicios de delito como para que instancias judiciales pongan en marcha un cauce formal de investigación».

La representante de la Diputación no quiso, sin embargo, revelar contra quién ha presentado la querella y defendió en todo momento el secreto sumarial. Como detalle, adelantó que la querella «es nominal, por lo que va dirigida contra personas concretas» -anulando la posibilidad de querellarse contra Lurmen, empresa que gestionaba el yacimiento-. Además, en todo momento se refirió a «los responsables», en plural, con lo que hay más de una persona acusada de delito al patrimonio cultural.

Expedientes administrativos

Aun y todo, la querella no es la única medida emprendida, ya que también se ha puesto en marcha un expediente sancionador contra Lurmen. Al amparo de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, la medida administrativa contempla multas de hasta 150.000 euros. Esta decisión se ha tomado al constatar «graves defectos de métodos arqueológicos» en el yacimiento, así como «manipulación y tergiversación de los informes aportados en garantía de autenticidad de los hallazgos», según describió la diputada.

Además, López de Lacalle se alargó describiendo las bases en las que sustentan el expediente sancionador: «La falta de acreditación requerida sobre la capacitación profesional del asesor científico de Lurmen, la negativa a aportar los informes de analítica que se dicen realizados por laboratorios franceses, la existencia de hechos de falsificación de inscripciones en piezas arqueológicas por un trabajador de Lurmen y la falta de control de su dirección en la seguridad del yacimiento». Pese a todo, el ente foral apuntó a través de una nota de prensa que la activación de la vía penal deja en suspenso de forma automática el expediente.

Como última novedad, la Diputación anunció que ha cerrado el expediente de revocación del permiso de ocupación temporal del yacimiento para Lurmen, que se inició el 19 de noviembre -fecha en la que tuvo lugar la última reunión del comité de expertos y en la que la diputada y cinco representantes de la comisión dieron a conocer ante las Juntas Generales la conclusión de que los hallazgos eran falsos-. Desde ayer, los trabajadores de Lurmen tienen un plazo de ocho días hábiles para retirar todas sus pertenencias de las instalaciones del yacimiento. Asimismo, se les niega cualquier tipo de indemnización.

Respecto al futuro del yacimiento, Lorena López de Lacalle no adelantó quien puede suceder a Eliseo Gil, aunque sí que matizó que se «ha descartado la elección de un director en singular» e informó de que están trabajando en configurar un equipo multidisciplinar.