El próximo día 26 de marzo 12 jóvenes de Iruñea van a ser juzgados por realizar una sentada pacífica en protesta por el desalojo del gaztetxe. La petición del fiscal es de 30 meses de cárcel para cada persona acusada. Hace bien poco se conmemoraron los 20 años de la insumisión al servicio militar obligatorio, pero la desobediencia civil no acabó en el año 2001, sino que, como vemos, ha seguido presente y sobre todo se sigue castigando por el Estado

Este juicio y las peticiones de penas tan exageradas no es algo aislado, se inscriben en la dinámica abierta por el «Código Penal de la democracia» del año 1995 alumbrado por el PSOE y, sin embargo, impregnado por la ideología de la «ley y el orden»; con un incremento descontrolado de nuevas figuras delictivas y por un insoportable rigor punitivo. La otra derecha política que le sustituyó en el poder desde 1996 hasta la primavera de 2004 hizo caer una auténtica catarata de reformas penales que ha supuesto, de facto, una revisión general del Código de 1995. El Gobierno del PSOE que surgió después de marzo de 2004 no ha revertido ningún elemento de esta contrarreforma penal. Con todo ello se pretende ocultar, bajo un manto de medidas supuestamente de Derecho penal, una auténtica situación de estado de excepción.

Estamos asistiendo a un capítulo más del Derecho penal de autor, con el que se castiga no el hecho, sino a la persona. Un joven puede coger un mazo y romper un inmueble, y si este joven es del PSOE y el inmueble de la izquierda abertzale, puede que no le pase nada. Si 12 jóvenes se sientan pacíficamente en la calle para protestar por el desalojo de un local abandonado que ellos habían recuperado para un uso social, les pueden caer casi tres años de cárcel. Hoy como ayer, «no hay libertad sin desobediencia».