Trece años después de haber puesto fin a sus campañas de ensayos nucleares, el Estado francés presentó ayer su primer plan para indemnizar a las víctimas, que está dotado con diez millones de euros en 2009.

Unas 150.000 personas, trabajadores civiles y militares, participaron entre 1960 y 1996 en 210 ensayos que el Estado francés llevó a cabo en el Sahara argelino y en la Polinesia.

Las indemnizaciones francesas también se destinarán a la población que habita en estas dos zonas.

El ministro francés de Defensa, Hervé Morin, señaló que «varios cientos de estas personas» han podido padecer cáncer debido a las pruebas nucleares.

«Trece años después del fin de los ensayos en el Pacífico y después del tratado de prohibición de pruebas ratificado por Francia, ha llegado la hora de que nuestro país esté en paz con sí mismo», añadió Morin, en referencia a la batalla legal que las asociaciones de afectados han llevado a cabo durante estos años.

Morin se negó a evaluar la eficiencia de los gobiernos precedentes en esta cuestión, asegurando que el Estado «llevó a cabo estas pruebas aplicando las más estrictas medidas de seguridad».

El ministro de Defensa confirmó que las causas de indemnización serán instruidas por un comité compuesto esencialmente por médicos y presidido por un magistrado. Este comité dispondrá de seis meses para emitir una propuesta de indemnización que deberá ser ratificada por el ministro de Defensa.

«Las víctimas no deberán demostrar la causa de su enfermedad, sino que el Estado deberá responder a las acusaciones», destacó Morin.