Bobby Sands, Marwan Barghouti, Leyla Zana... y Amparo Lasheras, entre otras muchas personas, han compartido no sólo la condición de presos políticos, sino también el hecho de haber sido elegidas por sus respectivos pueblos para ejercer como parlamentarias. En la mayoría de esos casos, fueron elegidas para trabajar en cámaras que, curiosamente, además de no recoger o directamente negar la legitimidad de sus propuestas políticas, han pretendido obviar que son los propios parlamentos, y no los electos presos, los que están bajo sospecha. Pues el mero hecho de tener a parte de sus miembros en prisión evidencia la vulneración de derechos políticos de una parte de su ciudadanía, así como de las más básicas normas de la democracia. Plantear la hipótesis contraria aduciendo que se trata simplemente de «terroristas», como han hecho los respectivos gobiernos en diferentes épocas, conlleva asumir que la gran masa social que los votó apoya directamente a esas organizaciones. Hipótesis con la que los securócratas pretenden tranquilizar a su gente, cuando en realidad deberían reflexionar sobre las consecuencias de la misma.

Hoy, junto a las otras siete personas con las que fue detenida por promover una candidatura al Parlamento de Gasteiz, Lasheras ha recobrado su libertad previo pago de una alta fianza. No obstante, dejan tras las rejas a más de 700 cautivos que comparten, no sólo con los presos mencionados sino con miles y miles de personas a lo largo de todo el mundo y durante toda la historia contemporánea, un enorme castigo por haber luchado por la libertad de sus pueblos y por un mundo mejor. Algunos de ellos, evidentemente, por medio de las armas; pero otros muchos, tan sólo por medio de la palabra.

Está claro que las valoraciones basadas en elementos corporativos sobre encarcelamientos, liberaciones o, en general, sobre acontecimientos políticos son éticamente parciales. Sorprende, sin embargo, que en este caso ni parlamentarios ni periodistas mencionen el tema. A D3M le votaron más de 100.000 personas.