La cultura política dominante en el Estado español es, vamos a decirlo pronto y bien, una basura. A nadie le puede extrañar, teniendo en cuenta que se basa en la mitificación de una transición que fue como los franquistas quisieron que fuera. La imagen de las élites políticas e intelectuales dando una medalla de oro a un ex ministro franquista por ser uno de los padres de la Constitución de 1978 simboliza bien esta putrefacción.

Esta cultura de lo correcto enfrentándose al mal, representado por el independentismo vasco y sobre todo por ETA, reclama para sí el monopolio de la honestidad, la racionalidad, la justicia y, en el colmo del sarcasmo, el escrupuloso respeto a los derechos humanos. Con el cuello aún resentido de tantos años mirando al otro lado mientras el GAL asesinaba, el horror campaba y campa a sus anchas por cuartelillos y comisarías o se hace trampa persistentemente en las elecciones, los «buenos» lanzan su maldición contra los herejes malnacidos que enturbian la convivencia. No les importa que el Relator de la ONU señale al Estado español con el dedo. Todo son patrañas, órdenes de ETA a sus seguidores para ensuciar la imagen de la maravillosa democracia española.

Por eso, en una cultura como esa nadie se escandaliza de que los medios de comunicación den a conocer que el Gobierno español viola sus propias leyes y atenta contra los derechos humanos de personas encarceladas atendiendo a una estrategia «antiterrorista» perfectamente calculada y planificada. Unos presos, nos dicen, son alejados al sur de la península, mientras otros son acercados a Euskal Herria, como premio por sus posiciones contra la línea de ETA. Algunos medios dan detalles: son éstos y aquéllos. Si en pocos días no dan un paso, volverán a ser trasladados, afirman. El Ministerio de Interior, aclaran, pretende así fomentar el debate, como si se tratara de una fundación para apoyar la renovación ideológica de la izquierda abertzale, ¡qué majos!

Así, se trata cruelmente a las personas presas en servicio de unos objetivos políticos, pero ninguno de esos medios de comunicación plantea que tenga nada que ver con los derechos humanos. Nadie menciona lo que esto supone para la vida diaria de presas y presos y para sus familiares y allegados. Ninguno de esos apóstoles de la condena ha tenido una palabra de denuncia de un estado que juega con las personas como fueran meras fichas de ajedrez.

Es más, para algunos es el súmmum de la inteligencia. ¡Qué listo es Rubalcaba!, vienen a decir. ¡Qué sabia estrategia, hacerles la vida imposible y que sus familiares tengan que viajar miles de kilómetros para verlos!

Sin duda, quien haya diseñado esta genialidad dede ser alguien excepcional. Es más, seguramente será un altruista vocacional. Así se demuestra la superioridad moral del estado frente a quienes usan la violencia con fines políticos. ¿Puede haber acaso una técnica más eficaz para deslegitimar la lucha armada que violar los derechos humanos? Y airearlo en los medios de comunicación es de una sutileza exquisita. ¡Qué ingenio! Ni Fernando «el Católico» lo habría hecho mejor.