La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obliga a Babcock Borsig a readmitir a los 258 trabajadores del expediente de regulación de 2004 ha generado un importante revuelo entre quienes firmaron aquel expediente: la SEPI, la Dirección General de Trabajo del Gobierno español, CCOO y UGT y la dirección de Babcock.

Según ha confirmado GARA, la dirección de la planta de Trapagaran trasmitió de manera oficial que el Gobierno español recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, ya que la decisión la adoptó el Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales, y pedirá que no se ejecute la sentencia que permite que los 258 trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo.

También reconocieron que en caso de ejecutarse la sentencia «sería dramática para la compañía». Sin embargo, ni la dirección ni los otros agentes que intervinieron en el expediente de regulación realizaron autocrítica alguna por haber actuado de forma irregular en su tramitación. El comité de Babcock Borsig planteó ante la dirección que tenga representación en las reuniones oficiales, ya que los firmantes del expediente han mantenido intensas reuniones al margen del comité durante estos días, desde que se conoció la sentencia del alto tribunal de Madrid.

El abogado de una parte importante de los ex trabajadores de Babcock Borsig, José Luis Luengas, señaló a este diario que se esperaba el recurso, pero admitió que si ocurre así «exigiremos la ejecución provisional de la misma, porque nos ampara la legislación».

Según dijo, esta misma semana ha remitido un burofax a la dirección de Trapagarán para que readmita a los trabajadores en los puestos en los que estaban en 2004, les abone las diferencias salariales y cotizaciones para restablecer, como indica la sentencia, a los afectados en las mismas condiciones. «Si la dirección no contesta a esta reclamación y desoye la sentencia, creemos que se trata de un despido tácito, que recurriremos de forma directa».

El letrado explicó también que esta sentencia es la primera que reconoce la vuelta de tal número de trabajadores a su puesto de trabajo. «No se ha dado ningún otro caso en Bizkaia», precisó, a la vez que reconoció que hasta el próximo 14 de abril el Gobierno español tiene de plazo para presentar el recurso, pero admitió que en esta irregularidad está implicada la SEPI, Babcock y quienes firmaron el expediente de regulación, aún sabiendo que se habían modificado las condiciones indiciales del mismo.