La OCDE negó ayer que la publicada el jueves sea una «lista negra» de paraísos fiscales y afirmó que, aunque ha hecho sugerencias sobre medidas que se pueden tomar contra esos centros financieros no cooperativos, las eventuales sanciones que se puedan aplicar las decidirá cada país por su cuenta.

«Hemos dado una serie de sugerencias de cosas que se pueden hacer» con los centros financieros incluidos en la lista de paraísos fiscales, que «no es una lista negra, es una lista informativa», puntualizó un portavoz de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). «Esta lista es una fotografía de cómo está en este momento la situación» de los centros financieros en virtud de cómo actúan en el intercambio de información bancaria con otros países, subrayó.

Sobre la imposición de sanciones contra los paraísos fiscales anunciada por el G20, respondió que «son los países los que tienen que tomar la decisión», que algunos de ellos ya están estudiando posibles medidas, y que la OCDE se ha limitado a hacer sugerencias.

La lista que la OCDE presentó a instancias del G20 incluye cuatro paraísos fiscales -Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay- que no se han comprometido en absoluto a respetar los estándares internacionales de intercambio de informaciones financieras con objetivos fiscales. Pero la mayoría quedaron en otra «lista gris», que reúne a 38 centros financieros que aunque se han comprometido a respetar esos estándares internacionales, no han materializado esas promesas. Esta se divide además en dos, una primera de 30 y un grupo de «otros centros financieros» que tampoco han implementado sustancialmente sus compromisos y que reúne a Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza.

Precisamente, el primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, calificó a la OCDE de «máquina de pensamien- to único de desregulación desenfrenada y sin límite», por haber incluido a su país en la lista. Juncker no pudo ocultar su indignación y criticó los métodos de trabajo de la OCDE, especialmente no haber consultado con los gobiernos de sus países socios antes de añadirlos a la lista.