Recientemente se ha dado a conocer el caso de un hombre al que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le ha denegado la pensión de viudedad tras haber convivido 15 años con una mujer y haber tenido un hijo con ella, y eso a pesar de que el Tribunal reconoce que reúne todos los requisitos necesarios para ello, excepto el haberse previamente inscrito en el registro de parejas de hecho.

Haciendo un poco de historia reciente, el Parlamento de Gasteiz aprobó la Ley de Parejas de Hecho vasca con el apoyo de todos los partidos políticos entonces presentes, excepto el PP, un poco antes de que las Cortes españolas aprobaran la ampliación de la Ley de Matrimonio Civil con la inclusión de las parejas formadas por personas del mismo sexo.

Esta Ley vasca, al regular las parejas de hecho, incluía en igualdad de condiciones a las parejas formadas por personas del mismo sexo, razón por la cual fue objeto de largos y apasionados debates dentro del movimiento de liberación sexual vasco, tanto en las asociaciones que lo forman como entre éstas y los políticos de los grupos que la estaban defendiendo.

En general, todos coincidíamos en que suponía un gran avance en el reconocimiento de la dignidad sexual de las personas, pero prácticamente ahí acababan los acuerdos, ya que, al menos en Ehgam y algún otro grupo, le veíamos algunos inconvenientes.

Por no aburrir, el problema principal que le achacábamos a la Ley es que convertía a las parejas de hecho, que llevaban ya 30 ó 40 años luchando por un reconocimiento de su existencia y derechos, con resoluciones judiciales a su favor, en algo amorfo que no se podía llamar «parejas de derecho», porque no se casaban, pero tampoco eran ya propiamente parejas de hecho, pues para serlo debían inscribirse en el registro creado por la Ley (con lo que pasaban del «pareja de hecho en sí» al «pareja de hecho por inscripción») y, si no lo hacían, ¿qué eran? Paradójicamente, las parejas de hecho reales dejaban de existir, y las a partir de ese momento denominadas «parejas de hecho» eran, en realidad, algo así como parejas de pseudo-hecho (ni realmente de hecho, ni realmente de derecho).

Les decíamos que valorábamos el intento de la Ley por dignificar las relaciones homosexuales, pero que no era de recibo que al beneficiar a un colectivo se perjudicara a otro, máxime cuando la solución que les proponíamos era tan sencilla como añadir a la Ley un punto en el que se indicara que el estar inscrita una pareja en el registro era suficiente para considerarla de hecho, pero que ello no debía impedir otras formas por las que pudiera demostrarse lo mismo (testigos de la pareja, cuentas comunes, empadronamiento en la misma vivienda, etc.).

La sorpresa llegó con la respuesta (verbalmente) violenta de algunos grupos: «¿Y qué quieren? ¿Que se lo demos todo, o qué? Si quieren algo, que se inscriban, que para eso les damos la oportunidad, y si no que se...». Hay que recordar que, por ejemplo, para Ezker Batua esta Ley era uno de sus proyectos estrella de aquella legislatura, y aunque al final se quedaron con la boca abierta cuando el PSOE se les adelantó por la derecha al aprobar el «matrimonio gay», eran muy agresivos en la defensa de «su» Ley.

Y nosotros les decíamos: «Pero ¿vosotros no vais de progre-guays? ¿Qué creéis que va a pasar cuando un juez deniegue a alguien sus derechos amparándose en que no estaba inscrito en el registro? (tal y como ahora ha pasado) ¿Y qué creéis que va a pasar cuando otro juez, más progresista que el anterior, reconozca a alguien sus derechos a pesar de no estar inscrito, dejando así la Ley fuera de juego?» Silencio como respuesta. Hasta hoy.

La verdad es que siempre nos quedó la duda de si para ayudar a las parejas homosexuales utilizaron a las parejas de hecho, básicamente porque no se atrevían entonces a hablar directamente de «matrimonio gay» o si, por el contrario, utilizaron el tema homosexual para meter mano a un problema como el de las parejas de hecho, que se les estaba escapando de las manos.

Para terminar, quisiera recalcar tres ideas:

Primera, que lo que ahora ha ocurrido con este señor no es un lamentable efecto imprevisto y no deseado de la Ley. Desde el mismo momento en que esta Ley se estaba redactando y aprobando se sabía que esto podía/iba a ocurrir, y se decidió que así fuera.

Segunda, que en Ehgam reconocimos los aspectos positivos de la Ley, y por eso aquel año otorgamos el premio Triángulo de Oro a las parlamentarias que en cada grupo la defendieron en el Parlamento vasco, ya que valoramos su esfuerzo personal y político; pero también fuimos conscientes de los aspectos negativos, y ésa fue una de las principales razones por la que ese premio no se lo dimos a los partidos políticos que aprobaron la Ley.

Tercera, que todavía queda pendiente un debate social sobre el matrimonio y sobre otras formas de reconocimiento de las relaciones interpersonales. Trabajemos por ello.