Una cuestión que se ha debatido encarnizadamente desde hace siglos: ¿Es lícito, en virtud del principio de la obediencia debida, causar daños crueles, o sea que repugnan a la moral, a otros seres? Las doctrinas calificadas como humanistas sostienen que siempre es ilícito causar esos daños. De ahí, en nuestra época, la creación de los tribunales internacionales de justicia, que tienen el encargo muy especial de castigar a quienes infieren esos daños al amparo de órdenes superiores que, en el ámbito interno de cualquier poder o Estado, estimulan el crimen en nombre de la obediencia debida.

Pues bien, el actual fiscal general de EE.UU. ha dicho que quienes se dedicaron a la tortura en la CIA no serán sometidos a juicio alguno por seguir el consejo legal de la presidencia norteamericana. Ahí aparece la segunda cuestión: ¿Han de obedecerse las órdenes que tengan un perfil criminal? También las más altas doctrinas humanistas sostienen que esas órdenes no han de ser obedecidas y que se delinque si son observadas. Esta doctrina guió la actuación de la justicia contra los torturadores nazis.

Añade el fiscal general norteamericano a su decisión de impunidad para los torturadores algo que complica aún más su postura: «Sería injusto enjuiciar a hombres y muj- eres de gran dedicación que trabajan para proteger a EE.UU». Esto es más grave que lo anterior porque el fiscal no se limita ya a una necesidad política, sino que pretende convertir el ejercicio torturador en una tarea de alto rango moral al transformar ese ejercicio en un menester patriótico. Ahí no tenía que haber llegado el Sr. Holder. En primer lugar porque mezclar patriotismo y tortura resulta repugnante. Y, seguidamente, porque el torturador necesita un talante moral que no tiene nada que ver con el patriotismo. El torturador precisa de un alma averiada para realizar su obscena labor. El amor a la patria no cabe en esas almas.