Dos centenares de trabajadores bloquearon ayer el acceso al astillero de La Naval, en Sestao, como forma de protesta por la pretensión de la empresa de sustituir parte de los puestos de trabajo temporales que hasta ahora han estado cubriendo empleados «locales» con trabajadores contratados fuera de Euskal Herria, especialmente en Portugal y Rumanía. Los representantes de los trabajadores aclararon que el acto no se dirigía contra los extranjeros que recalen en el astillero, sino contra los máximos responsables patronales de una política que pretende establecer un sistema de profundas diferencias salariales entre trabajadores que realizan las mismas tareas, puesto que los contratos «en origen» contemplan remuneraciones sensiblemente inferiores, acordes con las condiciones laborales de los países de donde provienen los trabajadores.

La protesta, que ha logrado inicialmente que la empresa dé marcha atrás en sus intenciones y aplique a todos por igual el convenio provincial del metal, arroja luz sobre una de las prácticas de contratación más comunes en los últimos meses por parte de una patronal que, amparándose en la legislación europea, pretende sostener sus beneficios gracias a la reducción de los costes laborales.

La Naval cumple ahora cien años. Sus responsables han anunciado que sus resultados económicos en 2008 arrojaron beneficios y que en 2009 mantendrá una facturación similar a la del pasado ejercicio: cerca de 200 millones de euros. El astillero de Sestao llegó a contar, en sus momentos de mayor esplendor, con una plantilla fija de 3.500 empleados. Hoy en día, sólo 400 tienen un contrato indefinido. El resto, hasta 1.200 trabajadores más, son subcontratados según la carga de trabajo que existe en cada momento. Ése es el secreto de los beneficios: la reducción a la mínima expresión del empleo fijo y el recurso sistemático al trabajo temporal, subcontratado, de menor calidad y más bajo coste. Y lo peor: lo hacen porque es legal.