La actividad en La Naval estuvo paralizada durante el día de ayer por la acción que desde la madrugada protagonizaron ante la fábrica empleados subcontratados de las industrias auxiliares del astillero. Protestaban por el abaratamiento de la mano de obra que supone la realización de contratos «en origen» a empleados procedentes de lugares de fuera de Euskal Herria, principalmente portugueses y rumanos. A media tarde, la dirección se comprometió con los sindicatos a vigilar que la situación de los trabajadores subcontratados se ajuste al convenio del Metal de Bizkaia.

La protesta se produjo días después de que el director general del astillero, Iñaki Irasuegui, calificara de «positivos» los resultados de 2008 y «superiores» a los de un año antes, cuando rondaron los 240 millones. Para este año, reconoció que mantendrán una facturación similar «que rondará los 200 millones».

En la misma comparecencia informó que La Naval, que cumple su centenario, tiene garantizada carga de trabajo hasta el primer trimestre del 2011.

Según indicó, el astillero cuenta en la actualidad con una plantilla fija de 400 trabajadores y 1.200 subcontratados. Llegó a contar con una plantilla de 3.500 trabajadores fijos.

Las mismas condiciones

Los trabajadores que ayer paralizaron la producción del astillero reclamaban que la dirección aplicara a todos los trabajadores subcontratados, independientemente de su origen, las mismas condiciones que rigen en el Metal de Bizkaia, en este caso.

En este sentido, CCOO indicó que la movilización de los trabajadores era una expresión de enfado y puntualizó que la «competencia desleal» la practican las empresas al contratar trabajadores en condiciones laborales inferiores.

Señaló que «la responsabilidad no corresponde a los trabajadores extranjeros, sino a las empresas que los contratan con esos salarios».

Abogó por tratar la cuestión en una mesa que reúna a la dirección del astillero, a su comité de empresa, a los responsables de las empresas subcontratadas así como a los representantes sindicales de sus trabajadores a fin de establecer una regulación en este ámbito, que «debe suponer como mínimo la aplicación del convenio provincial del metal a los trabajadores extranjeros».