Las voces críticas contra el Tren de Alta Velocidad son legítimas» pregonaba el todavía lehendakari Juan José Ibarretxe el pasado mes agosto. Meses después, en enero, estas voces intentaron alzarse en Urbina y sólo encontraron la sinrazón de la Ertzaintza, brindando un balance de decenas de contusionados y vislumbrando el empeño de la Policía autonómica en trasladar a los arrestados a la Audiencia Nacional española.

Voces legítimas sí, pero en silencio y sin derecho a manifestación, mejor.

Ahora, una misiva repartida por 800.000 viviendas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa ha sido la que ha generado turbación. «Fruto de mentes realmente enfermas». Eso es lo que opina el Ejecutivo de Gasteiz que, tras valorar la acción con lindezas como «rastrera e inmoral», apunta que los opositores al TAV «a falta de mejores argumentos para defender sus posiciones, recurren a la mentira».

Mentira es la existencia de una Delegación tributaria dirigida por el señor Etxebarria, firmante de la carta, o que las cajas de ahorros ofrezcan con el fin sufragar el TAV créditos libres de interés, que ni por esas...

Pero de ahí en adelante, verdades como puños. No hay más que analizar la pataleta de Lakua, que entre muchos insultos no dice nada en alusión a los 4.859 euros que cada contribuyente deberá abonar para una infraestructura que unos pocos han decidido que sea de «interés general».

Los contrarios al TAV, a ojos de Lakua, no parecen tener ni derecho a manifestación, ni derecho a informar a la ciudadanía. Entonces, ¿para qué sirve tener voz, por muy legítima que sea, si no puede alzarse para alertar de un sinsentido como éste?

Las instituciones, ésas que se suponen elegidas por los ciudadanos, deberían informar sobre el empleo de nuestro dinero, y no vetar la entrada en los edificios públicos a aquellas personas que tengan la honestidad de hacerlo. Pero cuando informar es inmoral...