Madrid renuncia a recurrir la condena europea por Iribarren, que ya es firme
GARA |
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo ha declarado firme la sentencia condenatoria contra el Estado español por el caso del joven de Iruñea Mikel Iribarren. Así lo dieron a conocer ayer sus abogados. Con esto se pone fin a casi dos décadas de pleitos judiciales, primero en el Estado español y luego en Europa, que ha dado la razón al joven agredido brutalmente por la Policía española el 15 de diciembre del año 1991.
La firmeza del fallo ha sido dada a conocer en una carta firmada el 20 de abril pasado. La sentencia fue dictada el 8 de enero, cuando Estrasburgo comunicó que admitía la demanda de Mikel Iribarren contra el Reino de España y declaraba que éste había violado el artículo 3 (referido a la prohibición de tratos inhumanos y degradantes) y el 6.1 (que protege el derecho a un proceso judicial equitativo y en un plazo razonable) del Convenio de Roma. En paralelo, se condenó al Estado español a indemnizar al afectado con 170.000 euros en total.
Como se preveía, el Estado español ha renunciado definitivamente a interponer recurso contra esta condena, por lo que ha dejado pasar el plazo de tres meses. En su día, no sólo los tribunales rechazaron las sucesivas demandas del joven, sino que el Gobierno del PP impidió que fuera indemnizado. En el primer momento, la Policía negó incluso que hubiera agredido al joven, que sufrió el impacto de un bote de humo a bocajarro y estuvo a punto de morir.
«Racionalidad por fin»
Al dar cuenta de esta sentencia firme final, los abogados y la familia de Iribarren no han ocultado su satisfacción. «Finalmente, y por primera vez a lo largo de 17 años, las autoridades del Estado han aportado un mínimo de racionalidad a este caso, y han acatado la sentencia del Alto Tribunal de Estrasburgo, poniendo punto y final a un proceso que, como destacó y denunció el tribunal, se ha prolongado durante 17 años, lo que es ya motivo de satisfacción».
Al hacer firme este fallo judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pide formalmente a las partes que materialicen ya el abono de las cantidades decretadas.