Nuestra clase política nos ha anunciado jubilosa el desbloqueo del proyecto del Tren de Alta Velocidad a su paso por Nafarroa. La ciudadanía entre expectante e incrédula, duda de los beneficios que nos anuncian desde los sectores interesados en el proyecto, que dicho de paso no han sido elegidos en las urnas.

Y sobre todo nos hacemos varias preguntas -que están sin contestar-, ya que nos va tocar pagar el TAV a «escote»... ¿En época de crisis es tan importante ganar media hora en ir a Madrid a cambio de semejante desembolso económico? ¿Quiénes podrán viajar a Madrid, los ejecutivos o también la «gente de a pie»? ¿El TAV puede transportar mercancías o solo paquetería? ¿Cuánto nos costará a cada navarro o navarra la obra? ¿Qué servicios sociales se quedarán sin atender? ¿Cuál será el impacto ambiental para nuestro territorio? ¿Cómo contribuirá este proyecto a que Nafarroa siga sin cumplir con el protocolo de Kioto y aumente aun más las emisiones de CO2 a la atmósfera? Todas estas razonables preguntas deberían ser contestadas antes siquiera de empezar a hablar del proyecto, porque no es de recibo en una sociedad democrática que se empiece la casa por el tejado.

Todos los partidos del arco parlamentario navarro, UPN, CDN, PSN, IU, NaBai, nos están demostrando con este proyecto un escaso bagaje democrático, porque el hecho de que estén en el Parlamento con los votos de la ciudadanía no es suficiente para decidir llevar adelante despóticamente una infraestructura de semejante importancia por su elevado coste económico, social y medioambiental. Desde que fueron elegidos hasta el día de hoy han pasado muchas cosas, entre otras la crisis financiera que golpea a la economía real de muchas familias navarras, que pocas veces viajan a Madrid. Nuestros gobernantes no disponen de un cheque en blanco para realizar proyectos que hipotequen a esta y futuras generaciones.

Además... ¿dónde queda la información y participación popular? Es un derecho y un deber que la sociedad participe en el gobierno de cuanto le afecte y una obligación que los organismos públicos le faciliten esta tarea... eso dice la Constitución. Tomar parte significa intervenir, opinar y, sobre todo, decidir sobre las cuestiones que tienen que ver con la comunidad, cosa que no ocurre en este caso. En definitiva, nuestro Gobierno debería compartir las decisiones colectivas estableciendo éstas una escala de importancia en las obras de infraestructura y desarrollo social para el conjunto de la comunidad. La democracia, si es tal, es un sistema de organización política donde el poder reside en el pueblo y no debiera ser suplantado. Hay países en Centroeuropa en los que se realizan entre tres y cinco referéndums al año, y no siempre para temas de semejante envergadura e importancia como es el TAV, por lo que nuestros gobernantes deberían tomar ejemplo de democracia.

Sabemos que en este proyecto existen muchos intereses en juego -sobre todo económicos- a los que nuestros políticos no son ajenos. No debemos pensar que lo que ocurre fuera de Navarra y golpea casi a diario nuestras conciencias no es posible que igualmente ocurra aquí. Para evitarlo, la única receta es el control y la democracia participativa.