La llegada del PSE a la Lehendakaritza y la salida, después de casi 30 años, del PNV supone un acontecimiento político de mucho mayor calado que el que se podría atribuir a una simple alternancia de gobierno. Así parecen entenderlo los principales protagonistas, como se refleja en las palabras de José Antonio Pastor, quien en el acto de juramento de Patxi López daba por cerrada la «transición democrática», o de Joseba Egibar, quien habló de «cuestión de Estado» en el pleno de investidura.

La toma antidemocrática de las instituciones autonómicas de la CAV, pocos meses después de forjar otro pacto de Estado en la Comunidad Foral de Nafarroa, sólo puede interpretarse como el último intento de regenerar unos ya muy desgastados marcos jurídico-políticos.

Una operación política que ha contado como primera pieza fundamental con la adulteración de la voluntad popular, y que ha ido materializándose en función de las circunstancias concretas que la situación política y la contienda electoral han ido deparando. Así, el PSE ha logrado su objetivo de la forma prevista, a través de la aplicación de la Ley de Partidos, pero no de la forma soñada, pues no logró acercarse lo suficiente al PNV para poder escenificar el fin de la era Ibarretxe y emprender desde ahí una nueva relación con los jelkides.

Las adulteradas urnas no dieron por amortizado al lehendakari de los últimos diez años, por lo que tampoco quienes soñaban dentro del PNV con el fin de ciclo pudieron dar por finiquitado en la noche electoral a su candidato. Ibarretxe se tornó en obstáculo insalvable para un acercamiento inmediato entre los antaño socios de gobierno, y ello pese al intento del EBB de poner negro sobre blanco todo lo que el PSOE quería oír.

El PSE se apoyó en el PP, y se aprestó a nombrar a Patxi López lehendakari y constituir un gobierno en minoría. Las valoraciones que atribuían debilidad al nuevo Ejecutivo se vieron reforzadas por los problemas en incorporar independientes. Unas dificultades que bien pudieran deberse a la imagen de frentismo y al hecho de que ETA haya colocado a ese Gobierno entre sus objetivos.

La investidura de López ha traído consigo la retirada de Ibarretxe, cuya desaparición política representa el fin de un ciclo. Ibarretxe fue elegido al poco de firmase el acuerdo de Lizarra-Garazi y, si bien el partido jelkide hace ya mucho tiempo que abandonó aquella experiencia, la figura del lehendakari ha contado con cierto halo soberanista, logrado también por los furibundos ataques del constitucionalismo español a cuenta del proyecto de Nuevo Estatuto Político o la Ley de Consulta.

La pérdida de la Lehendakaritza y el abandono de Ibarretxe hacen que termine la clásica bicefalia peneuvista. La actual dirección tiene, por tanto, la oportunidad de dar carpetazo a un periodo que le ha resultado molesto, y de preparar a un nuevo cabeza de cartel lo suficientemente transversal. La rumoro-logía se ha disparado a ese respecto, lo que ha llevado a la aparición repentina y algo anticipada de posibles candidatos, como el presidente de Eudel y alcalde de Tolosa, Jokin Bildarratz. Sin embargo, fuera quien fuese «el tapado», este partido de orden y gobierno tendrá antes que aclarar, al menos, tres incógnitas: su línea política respecto al nuevo Ejecutivo de Lakua y el PSOE, su propio equilibrio interno -con la vista puesta en la renovación de la dirección en 2011- y sus expectativas electorales. Su test serán las elecciones municipales y forales de ese mismo año. Entonces sabrán si están preparados para soñar con una nueva bicefalia menos convulsa que esta última.

La situación económica y ETA han sido las dos prioridades señaladas por el nuevo presidente de la CAV. Las buenas palabras e intenciones sobre la primera cuestión no parecen suficiente aval para hacer frente a la crisis económica, cuya profundidad y longitud amenaza, no ya sólo con llevarse por delante la maltrecha credibilidad de muchos gobernantes, sino de generar situaciones de alta inestabilidad política, como la que de forma cada vez más acusada soporta el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Sobre ETA, López abogó en su discurso de investidura por la absoluta deslegitimación de esta organización, al mismo tiempo que evitaba alusiones al conflicto político. Al parecer, la línea argumental se centrará en hablar del «final de ETA», y no en la superación de problema político que subyace.

En ese contexto, han llamado la atención, por tener un tinte diferente, las declaraciones realizadas por el nuevo lehendakari al día siguiente de su elección. Tras situar la paz como el objetivo fundamental, López dijo textualmente: «Yo no concibo que, si tengo que arriesgar, no hacerlo». Esas palabras dieron pie a cierta especulación sobre la posibilidad de que haya opciones para buscar otro tipo de salidas. En una de las muchas tertulias del grupo de comunicación al que pertenece la radio donde hizo estas declaraciones, hicieron una lectura concreta sobre la voluntad de «arriesgar» de Patxi López, que consistiría en hacer y presentar a Rodríguez Zapatero un plan político cerrado sobre cómo encarar el futuro de estos pagos. En todo caso, el contradictorio anuncio de López y las lecturas sobre el mismo son hoy en día un enigma.

Menos misteriosa resulta la apuesta represiva sobre la que cabalga el Ejecutivo español, que le ha llevado en los últimos tiempos a centrar su mensaje en que la posibilidad de acabar con ETA policialmente es más que real, con cierta arrogancia, además, en el caso del ministro del Interior. El discurso de la «victoria policial» se convierte así en el principal argumento contra la solución política, ya que ese éxito que algunos auguran a la vía represiva supondría el fracaso de la salida dialogada en términos democráticos.

El discurso de la victoria policial tiene también como objetivo dañar aquellas condiciones objetivas que, para un cambio político profundo, se han generado en los últimos años, desde que, en 1997, se certificara que «el Estatuto está muerto»; después de que, en 1998, se asentara el principio «Euskal Herriak du hitza eta erabakia», y una vez que, a partir de 2004-2005, se diseñara y plasmara un proceso de negociación sobre los dos carriles establecidos en Anoeta.

Todo ello muestra que el marco vigente está agotado, que para la gran mayoría de la ciudadanía vasca la clave de solución está en el derecho a decidir y que está comúnmente asumido que el arreglo tendrá que ser negociado. Unos principios que sirven de base para poder emprender un proceso democrático de carácter integral. En tanto que supone la antítesis de ese proceso democrático, la estrategia policial o de «victoria policial» busca que los citados principios pierdan pujanza social, y para ello pretende hacer desaparecer del primer plano la existencia misma del contencioso político, así como el debate sobre su carácter real y su resolución. Llegan incluso a abandonar las menciones a fraudulentas reformas estatutarias. Por ahora, palo sin zanahoria, en una estrategia de desnaturalización del conflicto a la que incorporan la operación de cambio de gobierno en Lakua.

La estrategia represiva, lógicamente, tiene como gran objetivo gripar el motor del sector político y social que puede hacer operativas las citadas condiciones de cambio, con la pretensión añadida de que ese sector pierda la perspectiva sobre la fase política en la que se encuentra y el reto que la misma entraña. En definitiva, para que el árbol de la represión le impida ver el bosque de una situación de tránsito entre unos marcos agotados y un verdadero escenario democrático. El reto de la izquierda abertzale, según la apelación cada vez más compartida en su seno, estaría en estructurar una estrategia eficaz para poder hacer ese tránsito, a partir de la constatación de que lo hecho hasta ahora ha desbaratado la operación de la reforma franquista y ha abierto la puerta al cambio político, pero que, para pasar el umbral, es necesario generar nuevos instrumentos y dinámicas. Su gran debate es el de cómo ganar ese nuevo escenario.

De ello son plenamente conscientes el Gobierno español y el PSOE, por lo que se están preparando ya para esa definición de estrategia por parte de la izquierda abertzale, al objeto de presentarla como fruto de la presión del «Estado de Derecho». Así, pretenderán que, al ser interpretadas como consecuencia de la debilidad, todas sus iniciativas o propuestas pierdan peso político, porque saben que, de lo contrario, la izquierda abertzale fortalecerá su papel como actor que puede romper la situación de bloqueo, en la que parece sentirse muy cómodo el Estado, y crear expectativas sociales ciertas en Euskal Herria frente a la incapacidad de otros agentes, como el PNV, de liderar el cambio político.

Pese a la enorme presión que padece, el movimiento independentista cuenta con importantes puntos de apoyo. Además de las mencionadas condiciones gestadas en los dos últimos lustros -agotamiento del marco, derecho a decidir y salida dialogada-, tiene también la referencia internacional y las nuevas condiciones sociales internas. En la comunidad internacional puede encontrar dos grandes ventajas: una posición favorable a procesos de solución política y una disposición abierta a reconocer que realidades nacionales se constituyan en estados si así lo desean sus ciudadanos. A ello se debe sumar la posibilidad de configurar en Euskal Herria un amplio espacio político, social y sindical en clave netamente independentista, algo cada vez más plausible con la decantación estratégica del PNV, que deja huérfano a su flanco soberanista.

Ésas son las condiciones para favorecer un proceso democrático en el que las fuerzas cuyo objetivo sea la constitución de un Estado vasco tuviesen un peso determinante.

De esta forma también podría convertirse en realidad el vaticinio de Alfredo Pérez Rubalcaba de que el ministro del Interior español que ocupe el cargo en el año 2016 no tenga que preocuparse por ETA si Madrid debe organizar los Juegos Olímpicos, pero, en ese caso, ello se debería a que la estrategia eficaz que pretende construir la izquierda abertzale ha tenido o está teniendo éxito.