El movimiento pro-amnistía reiteró ayer que la solidaridad hacia los presos políticos no tendrá fin ni desaparecerá mientras siga existiendo un solo preso político encarcelado en prisiones españolas y francesas, y que la represión no será un obstáculo, como no lo ha sido hasta el día de hoy, para que miles de personas sigan defendiendo los derechos de los presos políticos vascos que, a su vez, «son el claro reflejo de la existencia del conflicto político que padece este país».

En una comparecencia realizada ayer en Zaldibia, donde la Ertzaintza también acudió como a otras tantas localidades vascas con intención de retirar los paneles con los rostros de los presos políticos del pueblo, el movimiento pro-amnistía volvió a denunciar los nuevos pasos represivos que están llevando a cabo con objeto de criminalizar la solidaridad hacia los represaliados políticos.

Así, recordaron que los impulsos políticos para criminalizar y castigar la solidaridad hacia los presos vascos es de sobra conocido en este país, recordando así las decenas de movilizaciones prohibidas o reprimidas, así como los ataques y obstáculos que cada fin de semana tienen que padecer cientos de familiares y amigos de presos por parte de las FSE, grupos ultraderechistas o los propios carceleros.

El jalón del macrojuicio

Sin embargo, hicieron hincapié en que «el año pasado se dio un nuevo paso en esta cruzada contra la solidaridad: 27 militantes del movimiento pro-amnistía fueron juzgados y 24 de ellos encarcelados». Si bien entonces tildaron de «terrorista» la solidaridad hacia los presos vascos, recordaron que ahora están desarrollando nuevos pasos en esa senda criminalizadora.

Y, ahora, a juicio del movimiento pro-amnistía, en el marco de la estrategia represora de Madrid, son las fotografías de los presos políticos vascos lo que persiguen, «pero tenemos claro que cuentan con una planificación con objeto de hacer desaparecer la solidaridad hacia los presos vascos».

Y todo ello, al parecer del movimiento pro-amnistía, persigue un objetivo primordial para los estados, eje vertebrador de la misma política penitenciaria: «la aniquilación del Colectivo de Presos Políticos Vascos». Y, para ello, inciden en la estrategia represora tanto en las cárceles como en el exterior; como botón de muestra expusieron el caso de esta semana en Donostia, donde la Ertzaintza acudió a seis viviendas particulares, «justo cuando en Algeciras se encontraban en un momento muy duro con la huelga de higiene».

Aunque el nuevo Gobierno de Lakua haya anunciado que una de sus «prioridades» será hacer desaparecer la solidaridad hacia los presos políticos, advirtieron que «aún somos miles los que cada día alimentamos esa solidaridad hacia los presos vascos». Muestras que no cejarán, a su juicio, mientras que siga habiendo un solo preso político.

Por ello, desde el movimiento pro-amnistía emplazaron a la ciudadanía a participar en las movilizaciones, así como en la recogida de firmas que se está llevando a cabo por el país.