«No vamos a ceder a la presión internacional para detener la ofensiva» contra los Tigres de Liberación de Tamil Eelam (LTTE), insistió ayer el ministro cingalés de Comunicación, Lakshman Yapa Abeywardena. El Gobierno de Colombo respondió así a los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para que pare la ofensiva militar que está provocando miles de muertos y el éxodo de la población civil.

«En Pakistán y Afganistán hay conflictos similares, pero nadie les pide un acuerdo de paz o un alto el fuego. Allí no hay presión internacional. ¿Por qué tenemos que darnos nosotros solos por aludidos?», se preguntó Abeywardena, insistiendo en la argumentación esgrimida en las últimas semanas por el presidente cingalés, Mahinda Rajapakse.

El miércoles (madrugada del ayer en Euskal Herria) el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se mostró «seriamente preocupado» por el empeoramiento de la crisis humanitaria y exhortó a ambas partes a «garantizar la seguridad de los civiles». «No tenemos ningún problema con eso», aseguró Abeywardena.

La declaración no vinculante adoptada por unanimidad por los 15 miembros del Consejo de Seguridad, a propuesta de Austria, Gran Bretaña y el Estado francés, es la primera desde que la situación humanitaria empezara a agravarse a principios de abril en el noroeste de Sri Lanka.

«El Consejo de Seguridad expresa su profunda preocupación por las denuncias del uso continuado de artillería pesada en zonas con una alta concentración de civiles, y espera que del Gobierno de Sri Lanka que cumpla con sus compromisos en esta materia», señaló el presidente de turno de este órgano internacional, el embajador ruso Vitaly Churkin.

«Medidas urgentes»

Reiteró, además, el llamamiento al LTTE a que deponga las armas y permita la salida de los civiles atrapados, al tiempo que instó a ambos bandos a adoptar «medidas urgentes» para proteger a los no combatientes.

«Exigimos a todas las partes el respeto de sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario e instamos al Gobierno de Sri Lanka a dar más pasos para facilitar la evacuación de los civiles atrapados y la entrega urgente de ayuda humanitaria», agregó.

Churkin expresó también la condena del Consejo a «los actos de terrorismo» del LTTE y a la utilización de los civiles como «escudos humanos», al tiempo que reconoció el derecho «legítimo» de Colombo a combatir el «terrorismo».

Se estima que unas 50.000 personas siguen atrapadas en el área de unos cuatro kilómetros cuadrados en el distrito norteño de Mullaitivu, donde el Ejército tiene arrinconados a los guerrilleros tras una larga ofensiva militar iniciada el año pasado y que ha causado miles de muertos.

El Ejército informó ayer de que unos dos mil civiles cruzaron ayer la laguna que rodea la pequeña zona de tierra que sigue en manos del LTTE y que los tigres tamiles «les disparan».

La web TamilNet, afín a la guerrilla, insistió ayer en que más de 100 civiles murieron el miércoles en un ataque con artillería de las tropas gubernamentales contra un hospital instalado en la zona controlada por el LTTE. Un médico aseguró a la TamilNet que unos 40 niños se encuentran muy graves y que muchos fallecidos eran menores.

TamilNet cifró en entre 200 y 500 los muertos y en más de 2.000 los heridos por los ataques del Ejército entre el martes y el miércoles en la «zona de seguridad» marcada por el Gobierno para el refugio de los civiles. Según la guerrilla, muchos de los heridos morirán antes de poder ser atendidos, a causa de la escasez de personal y medicinas y ante la imposibilidad de que el ferry de la Cruz Roja pueda atracar en la zona para evacuara a los heridos, debido a los combates.