«Las prisiones son un negocio; si no, no se puede entender el afán por construir las macrocárceles». Ésa fue una de las principales conclusiones de la jornada informativa organizada por la Plataforma contra las Macrocárceles en la que analizaron el actual sistema penitenciario y las infraestructuras previstas en Zubieta y Zabaia.

A los asistentes a las jornadas les lanzaron una pregunta a modo de reflexión: «¿Saben cuántas personas viven de tener a la gente encerrada?». Pues, haciendo un breve recuento, «entre los gastos de los funcionarios, las construcciones de las macrocárceles y los gastos de los bienes de servicios, que casualmente se dirigen a grandes multinacionales, cada recluso viene a costar entre unos 30.000 y 36.000 euros». Además, a esta cifra hay que añadirle los gastos derivados de las personas que se encargan de detener y juzgar a estas personas.

«Los de siempre se enriquecen a costa de los pobres y las personas que socialmente están más marginadas», afirmó el miembro de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas en Aragón José Antonio López, que conoce de primera mano la realidad de las prisiones. En su opinión, se podría ahorrar muchísimo dinero, el que prevén invertir en la edificación de nuevas infraestructuras penitenciarias, si sólamente dieran el paso de dejar en libertad a los reclusos que ya han cumplido su condena. «Pero, ¿por qué no lo hacen? Porque da dinero», concluyó, al tiempo que advirtió de que «si se construyen más plazas, luego las tendrán que ocupar».

Además de analizar los intereses económicos que se esconden tras la actual política penitenciaria y hacer hincapié en que se basa, sobre todo, «en el control y no en la protección» de los reclusos, las jornadas dieron cuenta de los proyectos concretos que existen en Zabaia y Zubieta.

En este sentido, tanto el diputado de Medio Ambiente de Araba, Mikel Mintegi, como el representante de la Junta Local de Zubieta, Eñaut Zuriarrain, se centraron en las irregularidades que rodean a ambos proyectos. En el caso de la macrocárcel que ya han comenzado a edificar en la localidad alavesa de Langraiz Oka, Mintegi afirmó que «si hiciésemos un ejercicio para buscar alguna ley que este proyecto cumple, no encontraríamos ni una sola norma».

Así, el diputado afirmó que la macrocárcel, «la mayor edificación que se va a hacer en Araba» y que cuenta con 43 hectáreas de extensión, no cumple ni las normas medioambientales ni las urbanísticas. En setiembre del año pasado entraron las excavadoras en el citado terreno, un antiguo polvorín del Ejército español, «y todo ello sin ni tan siquiera llamarnos por teléfono para informarnos».

Reconocieron que la respuesta de algunas instituciones ha sido «templada» y que el proyecto se podría haber paralizado, «tal y como lo ha hecho la Junta de Castilla Mancha con la prisión de Soria». Por ello, actualmente, en palabras de Mintegi, «el instrumento principal para paralizar estos trabajos no son las instituciones sino la vía judicial y la opinión pública». De hecho, a día de hoy están interpuestas tres denuncias contra este proyecto.

Mintegi, que incidió sobre todo en el valor medio ambiental de la zona y en la irregularidad que supone eximir este proyecto de la declaración conjunta de impacto ambiental, adelantó el panorama que sobrevendrá tras la construcción de esta cárcel, porque, a pesar de las promesas, no está previsto que cierren la antigua cárcel de Langraiz Oka. «La prisión tiene más de mil ventanas y las están reformando todas», comentó Mintegi como ejemplo. Así, si el proyecto sigue adelante, Langraiz Oka, con una población de unos 1.500 habitantes, albergará 2.600 plazas penitenciarias.

Sobre el proyecto de Zubieta, Zuriarrain afirmó que el discurso de la Junta Local se centra en denunciar la actual política penitenciaria, «que no cree en la reinserción de los presos», y no en su ubicación. No obstante, criticó duramente la actitud del Consistorio donostiarra que, pese a tener un acuerdo en el que se recoge que las decisiones relativas a Zubieta se tomarán conjuntamente, «decide a nuestras espaldas dónde ubicar las macrocárcel, la incineradora...». De hecho pretenden edificar la cárcel a escasos 560 metros de la incineradora.

La prisión ocupará un solar de quince hectáreas, mientras que la de Martutene, a la que quiere sustituir, se extiende en tres. «Las necesidades actuales, teniendo en cuenta la actual política, son mucho menores. Se cubrirían reformando la cárcel de Martutene y ofreciendo otros centros para personas con necesidades especiales».

Aunque siguen alerta, parece que la actual crisis económica ha ralentizado el proyecto, entre otras cosas porque ha puesto en entredicho la rentabilidad del proyecto urbanístico previsto para Martutene. «Pero, por si acaso, no podemos bajar la guardia», indicaron.