El parlamento italiano criminaliza a los inmigrantes sin papeles
Los diputados italianos adoptaron ayer bajo la presión de la extrema derecha, una ley controvertida sobre la seguridad interior y la inmigración que convierte a Italia en uno de los países más severos en la lucha contra la inmigración irregular.
GARA |
La Cámara de los Diputados de Italia aprobó ayer con 297 votos a favor, 225 en contra y tres abstenciones el proyecto de ley sobre seguridad que convierte en delito la inmigración. El texto, que ahora deberá ser aprobado por el Senado, ha sido criticado por oposición, organizaciones humanitarias e Iglesia católica.
Tras meses de discusión parlamentaria, el Gobierno que dirige el derechista Silvio Berlusconi ha logrado que la Cámara Baja dé luz verde al paquete de medidas que busca «incrementar la seguridad en las calles y endurecer la lucha contra la inmigración clandestina».
La norma que ha generado más controversia es la que establece un delito de «inmigración y estancia clandestinas», reprimido con una multa de entre 5.000 y 10.000 euros y posibilita la denuncia ante los tribunales de inmigrantes en situación irregular. Asimismo, impone a los extranjeros el pago de entre 80 y 200 euros si quieren obtener el permiso de residencia y de 200 euros para obtener la ciudadanía. Amplía, además, de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en los centros de identificación y de acogida.
«Cerramos las puertas y sólo las volveremos a abrir para los que vienen a trabajar e integrarse», resumió Silvio Berlusconi. Según el jefe del Gobierno, un 76% de los italianos apoya la posición de su Ejecutivo.
En materia de seguridad interior, la medida más emblemática, adoptada bajo la presión del partido de la Liga del Norte (extrema derecha), es la posibilidad que grupos de ciudadanos realicen rondas para señalar las alteraciones del orden público. La ley prevé, además, realizar un registro de los «sin techo».
El centroizquierda y las asociaciones de defensa de los inmigrantes calificaron las medidas de «liberticidas» y las consideran como «una vuelta a la lógica de las leyes raciales de la época de Mussolini». El jefe de la oposición, Dario Franceschini, advirtió de que, a este paso, se volverá a la época en la que el Estado «confió la seguridad» a los «camisas negras», nombre con que se conocía las milicias voluntarias fascistas.
A partir de ahora el hecho de alquilar un apartamento a un inmigrante clandestino o simplemente ofrecerle el hospedaje podría ser sancionado con penas de hasta tres años de cárcel.
La organización defensora de los dereehos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció ayer la «progresiva erosión de la tutela de los derechos humanos» en Italia, sobre todo, los de «los grupos más vulnerables, tales como inmigrantes, minorías y solicitantes de asilo».
El portavoz de AI en Italia, Riccardo Noury, reaccionó así a la aprobación en la Cámara de los Diputados de una nueva ley de seguridad que convierte la inmigración clandestina en delito.
Las nuevas normas «son el resultado de un lenguaje y de un clima xenófobos», denunció Noury, para quien, en Italia, «los derechos humanos son percibidos como el aire condicionado, una opción que se puede tener o no».
La Comisión Europea espera que esas medidas sean definitivamente aprobadas antes de emitir un pronunciamiento, pero «a primera vista, no parecen contravenir» la legislación europea en materia de inmigración, indicó un responsable del Ejecutivo de Bruselas que prefirió mantener el anonimato.
La aprobación del texto por el Senado se realizará próximamente y sin dificultad, ya que el Gobierno dispone de una amplia mayoría en esta Cámara.
El presidente italiano, Giorgio Napolitano, alertó ante el riesgo de que se difunda «una retórica pública» con «acentos de intolerancia y xenofobia» y advirtió del riesgo de que las diferencias étnicas, religiosas y culturales se traduzcan en un factor de exclusión.
