Tras la aprobación de la ley en agosto 2007 y varios meses de experimentación en diversos departamentos, a partir de junio se pondrá en marcha el denominado RSA (Renta de Solidaridad Activa), un dispositivo de ayuda social que remplazará otros como el RMI (Renta mínima de Inserción), API (Ayuda Monoparental) o la PPE (Prima para el Empleo).

La gestión de todo lo que afecte al RSA (solicitudes, pagos, etc.) estará a cargo de los Consejos Generales por lo que la carga de trabajo aumentará notablemente.

Precisamente esta circunstancia fue lo que motivó la protesta ayer de decenas de funcionarios de dicha institución que se concentraron ante la sede del Consejo General de Baiona para exigir más medios humanos y técnicos.

En la actualidad, los funcionarios territoriales se encargan de la tramitación de unos 10.000 expedientes al año relativos al RMI pero con el agrupamiento de los demás dispositivos de mínimos sociales, prevén que la cantidad de expedientes RSA, como mínimo, se triplicará.

Sin más recursos

Sin embargo, la administración no contempla ninguna medida destinada a crear más puestos y el centenar de funcionarios que se ocupan en el Departamento de los Pirineos Atlánticos de esta tarea, está convencido de que no podrán hacerlo en las condiciones adecuadas si no se ponen más recursos humanos.

Los sindicatos alertan de que tratan casos muy «delicados» que afectan a personas en situación muy precaria, sin empleo, muchas veces marginados socialmente, por lo que si no se afectan más medios, además del riesgo de retrasos, la calidad y el tiempo de la atención disminuirá sensiblemente.