Dos programas de televisión emitidos hace 10 años acabaron con todas las excusas de la sociedad irlandesa para no ver la vergüenza nacional que tenían delante. Instituciones financiadas por el Estado pero administradas por las órdenes religiosas, habían estado a cargo de «educar» a los menores irlandeses durante décadas. Era conocido que tras los muros de dichas instituciones pasaban cosas que no debían pasar pero, como todo el mundo sabe, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver.

Han sido más de 1.700 hombres y mujeres los que han dado testimonio del abuso que sufrieron en estas instituciones cuando eran menores. Más de la mitad denunciaron no sólo malos tratos, sino también abusos sexuales. Las declaraciones con relación a 216 diferentes instituciones están detalladas en un informe de casi 3.000 páginas publicado el miércoles.

A los abusos sexuales hay que añadir los cientos de testimonios de lesiones, incluidos huesos rotos, desgarrones y moratones. Las lesiones por torturas a los pequeños están documentadas con visitas y estancias en hospitales, donde las autoridades sanitarias también hicieron la vista gorda ante la evidencia. La sociedad irlandesa prefirió ignorar y convivir con lo que ocurría tras los muros de monasterios y conventos. Hoy, aquellos menores, ahora adultos, toman la palabra para describir cómo fueron flagelados, pateados, escaldados, quemados, sumergidos en agua... para horror de una sociedad que en su momento no quiso saber.

La conclusión de la Comisión para la Investigación de los Abusos a Menores es clara: fueron miles los menores que sufrieron abusos físicos y sexuales durante décadas dentro de las instituciones regentadas por congregaciones religiosas. Al abuso se une la negligencia institucional, ya que el Gobierno, que financiaba la estancia de los pequeños, no investigó sus condiciones de vida.

El documento describe con todo lujo de detalles cómo los menores vivían en un ambiente de terror continuo en el que los abusos sexuales en las instituciones masculinas era endémico. En las instituciones femeninas el abuso no era tan sistemático, pero también era practicado por empleados, visitantes e, incluso, por familias de acogida. Y por si esto fuera poco, los casos de abusos sexuales eran sistemáticamente ocultados por las congregaciones a cargo de las instituciones. Los culpables, cuando el abuso se hacía demasiado notorio, eran simplemente trasladados a otras instituciones donde tenían libertad para volver a empezar.

Fueron más de ochocientos los curas, frailes, monjas y personal laico implicados, pero el informe también critica al Ministerio de Educación por haber faltado a su deber de llevar a cabo las inspecciones adecuadas.

La comisión que ha elaborado este informe fue creada en el año 1999, e incluyó en su investigación tanto reformatorios como orfanatos, además de centros para niños con discapacidades físicas o síquicas, escuelas-taller (internados) y escuelas normales. Ha recogido testimonios que van desde 1914 hasta el día de hoy, pero la mayoría de su trabajo se ha centrado en el periodo entre 1930 y principios de la década de los setenta.

Estas instituciones han sido comparadas con los gulags y los campos de concentración nazis, porque en los tres casos el menor no sabía si conseguiría abandonar el centro. En muchos casos, los menores dejaban de existir para la sociedad en general, e incluso para sus familias, ya que las éstas no querían o no podían mantener el contacto. Pero se dieron casos en los que las familias intentaron recuperar a sus niños, pero esa posibilidad les fue denegada por los servicios sociales.

Ante semejante galería de horrores y tras años de negación sistemática, las órdenes religiosas pasaron a utilizar y repetir la cantinela de que los responsables eran simplemente una minoría, unas pocas manzanas podridas por las que no se podía juzgar a todos. Pero cuando la evidencia ha demostrado lo contrario, y sólo entonces, cardenales, arzobispos y congregaciones religiosas se han visto obligados a admitir el horror y su vergüenza, aunque no sin antes haber negociado un acuerdo, en 2002, con el Gobierno Irlandés por el que limitan los posibles pagos por indemnizaciones a los afectados a unos pocos millones de euros, asegurando el anonimato de los responsables.

Organizaciones que representan a estos menores han declarado que es una vergüenza nacional el que algo así hubiera ocurrido durante años sin que se hiciera nada y exigen que no se vuelva a silenciar a los menores, como ahora se intenta acallar a las víctimas, prohibiéndoles, bajo amenaza de multa, identificar a sus agresores en público. El insulto final fue ser expulsados de la rueda de prensa en la que se presentó el informe en el que se narraba su sufrimiento.