Los opositores a la construcción de la planta de coque en la refinería de Petronor, en Muskiz, ya advirtieron de que no daban por perdida su lucha a pesar del inicio de los trabajos. Su siguiente paso en la batalla contra la instalación de la Unidad de Reducción de Fueloil (URF) ha sido la presentación el martes de una denuncia penal ante el Juzgado de Guardia de Barakaldo contra responsables municipales y directivos de Petronor.

Los promotores de la denuncia subrayan que su iniciativa es «un paso más para frenar la prepotencia de algunos de nuestros políticos y empresarios». Tras la consulta popular que se realizó del 23 al 28 de marzo, que se saldó con un ``no'' rotundo a la planta, ya se avanzó que trabajaban en la vía de la denuncia.

La Coordinadora Anti-Coke estima que hay indicios de que estas personas han podido cometer presuntamente diversos delitos de prevaricación, desobediencia y contra el medio ambiente. Señalan como responsables a los componentes de las juntas de gobierno del Consistorio muskiztarra desde 1999 hasta la actualidad, entre ellos sus alcaldes: el jeltzale Gualberto Atxurra Pérez (1999-2007) y Gonzalo Riancho Ocejo, de EA. También acusan al todavía consejero delegado de Petronor, José Manuel De la Sen Larrea, y al presidente, Josu Jon Imaz.

La plataforma ciudadana enumera entre los hechos denunciados que Petronor viene utilizando en los últimos años una parcela de 30.000 metros cuadrados, junto al polideportivo, como almacén de materiales sin disponer de licencia y sin que el planeamiento urbanístico lo permita. Tampoco es ajustada a la normativa municipal, apuntan desde la Coordinadora, la sede de la compañía en Muñatones, en el palacio de Salazar. Estas «ilegalidades», remarcan los vecinos, han sido denunciadas sin que los representantes del PNV, EA y PSE en tres comisiones de gobierno del Ayuntamiento hayan actuado.

Informan al juzgado de que la petrolera «ha estado emitiendo vertidos contaminantes a la atmósfera y al río Barbadun, y en la actualidad a la mar, sin que en ningún momento haya obtenido licencia de actividad» para su complejo petroquímico. Añaden, asimismo, que la filial de Repsol no disponía de un permiso de la Dirección de Costas para verter al Barbadun.

Los opositores a la URF hablan de que la compañía que preside Imaz ha llevado a cabo su actividad «de forma totalmente clandestina», sin que los sucesivos equipos de gobierno hayan adoptado las medidas oportunas para hacer cumplir la legislación ambiental vigente. Es más, acusan a los directivos de Petronor de ser conscientes de que no cumplían la ley.

El tercer asunto del que se informa al juez es de la concesión de las licencias de actividad a la URF y a la nueva planta de cogeneración energética en contra del criterio de la secretaria municipal que -el 14 de diciembre de 2008, 19 de enero y 30 de enero de 2009- emitió informes en contra. La secretaria del Ayuntamiento de Muskiz argumentó que antes de la concesión de los permisos era necesario un informe de Costas para saber si la petrolera disponía de su autorización para el uso del dominio público marítimo terrestre. «Lo cierto es que Petronor no posee concesión de Costas ni para la planta de coque ni para la unidad de cogeneración», comentan desde la Coordinadora en su denuncia.

«El camino de estas autorizaciones está sembrado de condiciones no cumplidas y de informes incompletos o de silencios administrativos negativos», se quejaron los vecinos. Entonces, cuando Imaz se congratuló de que tenía las licencias, la plataforma ciudadana avisó de que la supuesta «base de ilegalidades» en que se sustentaba el proyecto les animaba «a seguir luchando contra esta ampliación» y que la paralizarían.