Hasta el 30 de setiembre y el 1 y 2 de octubre no arrancará la vista oral del proceso que se sigue en el Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbo contra Karmelo Gisasola Erkiaga y Jesús Iriondo Lejardi, ediles del PNV en el Consistorio de Etxebarria en el mandato 1995-1999, y el entonces arquitecto municipal, Txema Iriondo Maguregi, acusados de un presunto delito de prevaricación por otorgar la licencia para construir una vivienda ilegal a Iñaki Zarandona, esposo de Eva Ansola, por aquel entonces concejala jeltzale en ese ayuntamiento vizcaino. Otro imputado, Iñaki Sudupe Oregi, alcalde desde 1995 hasta hace seis meses, falleció en abril; su puesto lo ocupa desde el 18 de enero Karmelo Gisasola Erkiaga.

El juicio debiera haber comenzado su andadura mañana, pero al encontrarse un testigo de la defensa -un abogado de la Diputación en el anterior pleito que se ha seguido sobre este asunto- «de vacaciones en Huelva», el juez ha decidido aplazar la vista hasta después del verano. El letrado de la acusación, ejercida por corporativos de la izquierda abertzale, estima que es una «maniobra dilatoria más», ya que propusieron que testificara por escrito. El fiscal, como en anteriores decisiones, respaldó a la defensa.

Así, la resolución del caso que se inició con la presentación de una querella el 29 de octubre de 2002 por parte de la izquierda abertzale de Etxebarria en el Juzgado de Gernika se dilata. Durante cinco años, hasta el 2 de mayo de 2007, cuando la Audiencia de Bizkaia dictó el auto definitivo de enjuiciamiento de los cuatro acusados, sobreseimientos, recursos y apelaciones han sido una constante

Esta denuncia fue consecuencia de una sentencia firme del TSJPV de 2001 que concluía que en la solicitud de licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en la zona de Inuntze concurría «un claro fraude de ley, por cuanto -subraya la acusación- se buscó la apariencia de que se trataba de una construcción ligada estricta y permanentemente a una explotación agraria, lo que se hizo de una forma burda, hasta el punto de resultar verdaderamente injustificada la resolución municipal, que únicamente se comprende desde el designio espurio de favorecer al interesado con manifiesto quebranto de la legalidad urbanística».

Es más, la acusación esgrime entre sus argumentos que, a pesar de la sentencia del TSJPV, el equipo de gobierno dirigió «todos sus recursos municipales a amparar un claro fraude de ley», instando a la inejecución de la resolución judicial, en vez de instruir un expediente de infracción urbanística, tal y como contemplan las Normas Subsidiarias de Etxebarria. «Existe una injustificable voluntad municipal de amparar con dinero público hasta sus últimas consecuencias una actuación a todas luces ilegal«, añade.

Así, el 2 de octubre de 2003, el Pleno del Consistorio acordó con los votos del PNV legalizar la situación de la vivienda, algo que finalmente no sucedió al decretarse la demolición de la construcción ilegal y ejecutarse la misma el 6 de junio de 2007.

En su escrito de calificación, la acusación solicita para el entonces arquitecto municipal, Txema Iriondo Maguregi, como autor de un presunto delito de prevaricación urbanística 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 6.000 euros. Y para Jesús Iriondo Lejardi y Karmelo Gisasola Erkiaga sendas penas de 7 años de inhabilitación y multa de 3.600 euros.