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La protesta indígena en perú, punta del icerberg de una política neoliberal
La protesta de las comunidades indígenas de Perú para exigir la retirada de los decretos que permiten a las multinacionales explotar la Amazonía es la punta del iceberg. En los últimos 30 años, los sucesivos gobiernos han cedido a las compañías de petróleo y gas el 70% del territorio amazónico. Paralelamente, han impulsado una política contra los indígenas, presentándolos como ignorantes y salvajes.
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La protesta indígena iniciada el 9 de abril en las regiones amazónicas ha puesto una vez más en evidencia la profunda brecha entre las comunidades nativas y el Estado, promovida por los sucesivos gobiernos peruanos. Ha quedado patente también la apuesta por la explotación petrolera, minera y gasística en detrimento de la Amazonía y de los valores culturales y sociales de quienes habitan en ella desde tiempos inmemoriales. Lo ocurrido responde a una política neoliberal, no sólo del Gobierno de Alan García. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) recuerda que ya la Constitución de 1993 flexibilizó las protecciones jurídicas de las que gozaban los territorios amazónicos y, en especial, la propiedad comunal. Asimismo, disminuyó los controles ambientales, políticos y sociales que condicionaban la inversión extranjera.
Después, llegó la Ley 2.605, conocida como la Ley de Tierras. «Se formaliza así la subordinación de la propiedad comunal a los proyectos mineros o energéticos que el Estado decida desarrollar en sus territorios. Incluso se establece la potestad subsidiaria del Estado de imponer la actividad a aquellas comunidades que no acepten negociar con las empresas concesionarias», remarca Miguel Palacin Quispe, coordinador general de la CAOI, en la carta remitida el día 17 al relator de la ONU para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, James Anaya.
El Gobierno de Alberto Fujimori dejó en suspenso la implementación del Código de Medio Ambiente, al que quitó todas las competencias privilegiando a los Ministerios promotores de las inversiones extranjeras. Los mismos que debían otorgar licencias, debían decidir sobre la validez de los estudios de impacto ambiental.
Bajo el mandato de Alejandro Toledo, el primer ministro, Carlos Ferrero Costa, abogó en su discurso de investidura (2003) por recuperar «para todos los peruanos» las tierras que están en manos de los indígenas, cuya población asciende a 300.000. Dijo que, por su poca densidad poblacional, no las necesitan ni las hacen producir. «Además de velar por la continuidad y expansión de las actividades mineras y petroleras, la política de tierra del Estado peruano se está orientando a la reconcentración de la propiedad rural en manos de grandes inversores a efectos de aprovechar el creciente mercado de agro-combustibles. Este modelo no incluye a las comunidades indígenas, percibidas como un obstáculo y un problema pendiente para el proceso de modernización del país», denuncia CAOI
Desde el inicio de la protesta y, más aún tras los incidentes de Bagua a principios de junio, Alan García ha hecho una ferrea defensa de los polémicos decretos, necesarios para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En sus intervenciones, se ha referido constantemente a la necesidad de avanzar y de no volver a «la edad de piedra». En el mensaje televisado para todo el país el miércoles, sostuvo que si bien «crecer trae tensiones y querer modernizarse muy rápidamente trae conflictos, no debemos tener temor de eso si el país avanza». Tampoco ha escatimado en acusaciones a países vecinos, en evocar «una conspiración extranjera» de corte marxista y en presentar a la selva como «lo más profundo del país, lo más atrasado y menos racional» y a los indígenas como «salvajes», «asesinos de policías» y «manipulados por actores políticos», calificativos reproducidos ampliamente por los medios.
Pero ante la dimisión de la ministra de la Mujer, la renuncia del primer ministro, el malestar internacional y las múltiples peticiones de investigación, se ha visto en la obligación de dar marcha atrás y pedir la derogación de la Ley Forestal, aunque su Gabinete ya se ha puesto manos a la obra para aprobar una nueva legislación en la materia y contentar a Washington. «Cuando uno incumple una cosa, pasamos a un proceso de consultas. Un equipo técnico peruano está conversando en Estados Unidos con senadores y explicándoles los eventos para sacar una nueva ley forestal que mantenga los compromisos del TLC», anunció la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz.
Gerrarako tradizioa Awajun eta Wampi herri indigenen ezaugarria da. Babestutako Natur Inguruen Zerbitzuak 2007an hala deskribatu zituen: «Amazoniako herri indigena garrantzitsuenak dira, bai tamainari dagokionez eta bai kultur garrantziari dagokionez ere. Nortasun sentimendu handia dute. Beren lurraldearen defentsa sutsua egin izan dute historikoki. Gaztetatik, gizonak gerlari izateko prestatzen dira. XVII. eta XVIII. mendeetan, espainolek horiek garaitzeko saiakera anitz egin zituzten, baina arrakastarik gabe. 1880. eta 1914. urte bitartean, kautxuak indarra hartu zuen indigenak esklabotzara behartuz. 1904an, jasotzen zuten tratu krudelarekin nazkatuta, kautxu ekoizleak hil zituzten».
Peruk Ekuadorrekin izan dituen hiru gudetan (1941, 1981 eta 1992), Gobernuak Awajun eta Wampi herriei entrenamendu militarra eta borrokatzeko armak eman zizkien bere mesederako. GARA