La destitución del jefe del Estado Mayor de Honduras, el general Romeo Vásquez, y la dimisión del ministro de Defensa, Edmundo Orellana, se produjo, según explicó el presidente hondureño, Manuel Zelaya, «a una crisis ocasionada por algunos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras». También dimitieron los jefes de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.

Unas horas después, la Corte Suprema restituyó en su puesto al general Vásquez. Minutos después de conocerse esa decisión, Zelaya envió desde la casa de Gobierno un mensaje de alerta a los presidentes del mundo frente a lo que tachó de «una revelación en contra del poder pueblo, del poder civil» y ratificó que «nadie detiene» la consulta del domingo. Calificó al tribunal de «Corte Suprema de Injusticias» y le acusó de «hacer justicia sólo para los poderosos, los banqueros y los ricos».

La ministra de Asuntos Exteriores, Patricia Rodas, explicó en una entrevista con Telesur que ambas decisiones respondieron a una acción de desobediencia más y no a un golpe de Estado, pero el despliegue de cientos de militares en los alrededores del palacio presidencial y el aeropuerto alimentaron los rumores en ese sentido.

Vásquez y Orellana desobedecieron la orden de distribuir material logístico para la realización el domingo de una consulta en favor de la colocación de una cuarta urna -junto a las destinadas a elegir presidente, diputados y alcaldes- en la elecciones del 29 de noviembre, de cara a la instalación de una asamblea constituyente que apruebe una nueva Constitución.

El líder del partido de izquierda Unificación Democrática, César Ham, ya había advertido de que Zelaya podría ser derrocado por un golpe de Estado a causa del controvertido referendo convocado para el domingo y que el Tribunal Supremo ya ha declarado inválido y contra cuya celebración el Parlamento ha aprobado una ley.

El presidente de Honduras aspira a lograr en esta consulta el respaldo suficiente de la ciudadanía para reformar la Constitución de forma que le permita gobernar durante un segundo mandato, algo que no consiente el texto constitucional vigente.

Representantes sociales mantienen una vigilia en el Palacio de Gobierno en apoyo a la decisión de Zelaya, que consideran una respuesta a las presiones de la oligarquía para crear una «crisis política».