Desde su nacimiento, hace cerca de dos años, la principal tarea de la Comisión de Apoyo a los profesores despedidos de la UPV ha sido la de impulsar iniciativas, tanto fuera como dentro de la universidad, con el fin de hacer posible la materialización de un proceso de diálogo y negociación entre las autoridades universitarias y dicho grupo de profesores. Proceso que naturalmente debería culminar en un acuerdo entre ambas partes para su readmisión en la universidad y la satisfacción de unas demandas que creemos son suficientemente conocidas por los lectores de GARA.

Dentro de esas iniciativas debemos recordar la petición realizada a los sindicatos abertzales de la UPV para que transmitieran a los gobernantes universitarios la voluntad de los despedidos por iniciar el mencionado proceso negociador. Desgraciadamente, en unos casos por indiferencia y en otros por limitaciones internas, estos grupos no lograron desatascar el conflicto y las gestiones efectuadas no produjeron ningún fruto conocido. Esto nos llevó a la necesidad de dar un paso adelante solicitando al lehendakari anterior, el señor Ibarretxe, su intercesión ante el rector actual, Iñaki Goirizelaria, mediante una carta-petición que fue apoyada por relevantes personalidades del mundo político, social e intelectual tanto de Euskal Herria como del Estado español. Asimismo, la Comisión de Apoyo ha venido solicitando reiteradas veces una entrevista con miembros del equipo rectoral con la misma finalidad, sin recibir respuesta alguna. Sin embargo, hace unos meses conseguimos por fin celebrar esa esperada reunión en la cual volvimos a manifestar el deseo de los tres profesores despedidos de comenzar una fase de diálogo y negociación. En esa audiencia entregamos a los presentes un resumen de sus peticiones y pudimos observar por el tono en que se desenvolvió la reunión una cierta voluntad de las autoridades académicas por encontrar vías de solución al contencioso que nos ocupa. Esperemos que esta buena disposición se pueda traducir sin más dilaciones en el comienzo del necesario proceso de negociación que conduzca a la superación definitiva del conflicto mediante un acuerdo suscrito por las dos partes. Al fin y al cabo, las peticiones básicas de los profesores despedidos tales como la readmisión en la UPV sin vetos ni discriminaciones, el abono de las clases impartidas y el reconocimiento de la antigüedad no pensamos que puedan constituir obstáculos insalvables. Sobre todo si consideramos antecedentes de referencia como los acuerdos alcanzados con el rector Goiriena de Gandarias, los 17 años de la pancarta y el enorme esfuerzo y sacrificio llevado a cabo para que la UPV pudiera disponer de un profesorado propio. Quizás mejoraría mucho la cosa si los dirigentes universitarios, en vez de tratarlos como un enemigo a batir, los considerase como auténticos profesores universitarios portadores de valores intelectuales y éticos que hoy en día son difíciles de encontrar en nuestra sociedad.

Hay, de todas formas, un aspecto de la entrevista con los responsables de la UPV que nos inquieta especialmente: su continua apelación a la legalidad. Somos de la opinión de que toda norma jurídica es interpretable y que debe darse más importancia al espíritu de la ley que a sus disposiciones formales. Porque nos consta que la voluntad de la ley Iztueta está claramente orientada a posibilitar el reingreso de los profesores despedidos y no a poner muros insalvables a sus aspiraciones. Ya que una norma no es meramente lo formalizado textual y cerrado, sino también lo que no está literalmente escrito pero no se encuentra prohibido. Gracias a ello se puede llegar a acuerdos en casos de conflicto y ensanchar el campo de las competencias disponibles haciendo un uso progresista de la autonomía universitaria, como ocurrió en el acuerdo de 1993 entre el rector Goiriena y los despedidos. En aquel pacto no se tuvo en cuenta la literalidad de un texto -la formula existente del contrato administrativo-, sino la voluntad de resolver un problema a través de los recursos de la autonomía universitaria, con plena capacidad legal. Lo que dio lugar a un nuevo contrato de matiz plenamente innovador. Confiemos en que el espíritu de aquel acuerdo y la voluntad de resolución que lo presidió estén presentes en esta ocasión, en el supuesto de que el actual equipo rectoral esté dispuesto a iniciar un auténtico proceso resolutivo.