Habrá quien piense que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avalando la estrategia ilegalizadora del Estado español sólo afectan a un pequeño colectivo de gente que vive entre el Golfo de Bizkaia y el Ebro. Sin embargo, desde una perspectiva continental, el fallo de la Corte de Estrasburgo tiene consecuencias que deberían cuando menos intranquilizar a todo aquel que defienda un cambio político en favor de mayores libertades, la universalidad de los derechos humanos, la solidaridad entre los pueblos y el desarrollo de la democracia. También debería preocupar, en ese sentido, a aquellos que aún defendiendo esas ideas consideran a la izquierda abertzale la quintaesencia de la maldad. En definitiva, a toda persona que sea realmente de izquierda y a todo verdadero demócrata, sea liberal o de derechas. A quienes piensen que estado de derecho y democracia no son, de por sí, sinónimos y quienes defienden que el rango de estado no da inmunidad.

Los fallos conocidos el martes alteran principios importantes del Derecho y muestran una tendencia peligrosa para las libertades y los derechos básicos en Europa. Los peligros provienen de la interpretación extensiva del concepto de terrorismo, de la criminalización de la solidaridad y del apuntalamiento de las medidas especiales creadas al amparo de la «guerra contra el terror» que promovieron George W. Bush, José María Aznar y Tony Blair. Por ejemplo, si en principio ya es denunciable que no sea necesaria prueba jurídica alguna para incluir sin remisión a organizaciones o a personas en una «lista negra» que inhabilita civil y políticamente, más grave es que la inclusión en esa lista se convierta en prueba de cargo para justificar mayores restricciones de derechos. La decisión de Estrasburgo apuntala una lista en la que se encuentran, entre otras organizaciones, el FPLP palestino y ANV.

La apelación al orden constitucional y a la seguridad es un precedente especialmente peligroso por tratarse de un tribunal para la defensa de los derechos humanos.