El aislamiento de Honduras se refuerza con el paso de las horas, tres días después de la destitución de su presidente, Manuel Zelaya, por un golpe de Estado, y cuyo posible regreso sigue dividiendo al país, que no a la comunidad internacional.

Inmediatamente después deque la Naciones Unidas condenara el golpe, la Organización de Estados Americanos (OEA) lanzó un ultimátum a Honduras al amenazarle con su expulsión del organismo si Zelaya no era restituido en 72 horas, plazo que finaliza el sábado. Tras aprobarse la resolución, Zelaya anunció en Washington que retrasaba hasta el domingo su regreso, previsto inicialmente para hoy. El aplazamiento fue confirmado ayer desde Panamá, donde asistió a la toma de posesión del presidente Ricardo Martinelli. Allí dijo que «empieza la cuenta regresiva».

Después de casi doce horas de reunión, la Asamblea General de la OEA adoptó una resolución que condena «enérgicamente» el golpe de Estado, exige la restitución «inmediata, segura e incondicional» de Zelaya y rechaza al Gobierno de Roberto Micheletti. Además, fija un plazo de 72 horas para que el Ejecutivo acate la resolución o, de lo contrario, se convocará una nueva reunión y se procederá a aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Honduras del foro. Esa suspensión supondría su aislamiento diplomático y, además, no tendría acceso a créditos de las instituciones financieras internacionales.

No habrá negociación

También pide a su secretario general, José Miguel Insulza que inicie las gestiones diplomáticas para «restaurar la democracia, el Estado de Derecho y a Zelaya». Insulza aclaró que su tarea no será «negociar» con el Gobierno «de facto», sino ejercer presión para lograr la restitución de Zelaya.

El presidente hondureño decidió posponer su regreso, que apoyan todos los miembros de la OEA, hasta el fin de semana para dar tiempo a que se cumpla esta resolución. Entonces, volverá con una comitiva encabezada por el propio Insulza, el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel D'Escoto, y los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa, y Argentina, Cristina Fernández.

Micheletti rechazó la resolución de la OEA y responsabilizó al presidente bolivariano, Hugo Chávez, de la crisis. Su ministro de Exteriores, Enrique Ortez, volvió a advertir de que Zelaya será detenido en cuanto pise territorio hondureño y destacó que «mientras nosotros estemos, no hay la más mínima, la más remota posibilidad de que un Gobierno que desacató las órdenes jurídicas vuelva». Aseguró que «hay 25.000 personas listas para impedírselo», a pesar de la presión internacional que se ha negado a reconocer al Gobierno «de facto».

Ayer Micheletti desistió de enviar una delegación a Washington para explicar su versión, después de que la Administración Obama dijera que no la recibiría, y anunció que recibirá a una comitiva de la OEA para defender su legitimidad y aclarar que lo ocurrido el domingo no fue un golpe de Estado.

A medida de que el Ejecutivo de Micheletti da pasos en un intento poco exitoso de lograr su consolidación y reconocimiento, las expresiones de rechazo no han cesado. Ayer, el Pentágono anunció que EEUU suspende su cooperación militar con Honduras hasta que se estudie la situación.

Aunque los estados de la UE, por su parte, no consiguieron llegar a un acuerdo sobre la retirada de todos sus embajadores, Madrid, París y Roma, igual que hizo Bogotá, llamaron a consultas a los suyos. Pero la UE pidió a sus representantes diplomáticos en Tegucigalpa que eviten tener contactos con el Gobierno surgido del golpe.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, informó de que propondrá a la OEA la creación de un Tribunal Penal Interamericano para investigar el golpe de Estado en Honduras. Su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a la Unión Africana, a cuya cumbre fue invitado, que condenara lo sucedido.

En las calles de la capital, partidarios y adversarios de Zelaya tenían convocadas nuevas manifestaciones ayer, que hacían temer incidentes. Mientras, la huelga general continúa y el paro es secundado ampliamente en el ámbito comercial y casi totalmente en el de la enseñanza, según sus convocantes. Las centrales obreras del país, donde el toque de queda ha sido prorrogado hasta el fin de semana, tenían previsto llamar ayer a una huelga general indefinida.

De madrugada, desconocidos lanzaron una granada, que no llegó a estalló, contra las dependencias del Tribunal Supremo en la capital.