Lakua detecta graves irregularidades en contrataciones de Osakidetza
El Departamento de Sanidad que dirige el consejero Rafael Bengoa ha detectado lo que calificó como «graves irregularidades» en la adjudicación de servicios a varias empresas cuyos socios eran cargos de Osakidetza durante los años 1996 y 2009. Se trata de contratos o concertaciones en los que faltaban informes jurídicos o de la oficina de control económico, o bien adjudicados de urgencia sin justificación.
Pablo RUIZ DE ARETXABALETA
El Departamento de Sanidad del Gobierno de Lakua ha detectado graves irregularidades en la adjudicación de servicios a empresas privadas entre los años 1996 y 2009 en cuya propiedad participaban tres médicos de Osakidetza. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, dio a conocer ayer las conclusiones del expediente abierto para investigar estos hechos, en las que afirma que además de conculcarse el procedimiento administrativo, pueden derivarse responsabilidades de otra índole y un perjuicio económico para el Departamento de Sanidad.
Sin embargo, el Departamento ha dejado en manos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) tanto la investigación de estas responsabilidades como la cuantificación de las pérdidas económicas.
Las irregularidades se refieren a las empresas Medical Dom, Recard 2000, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, Rehabilidom y a la UTE formada por Gestión XXI, Indautxu y Rehabilidom. Según Bengoa, en todos los casos los cargos de Osakidetza investigados contaban con algún tipo de propiedad y dos de ellos eran apoderados de alguna empresa. Los servicios contratados se referían a la atención urgente domiciliaria.
El informe ha detectado adjudicación por procedimientos de emergencia, sin concurso, de «tareas no urgentes ni indemorables» como exige la Ley de Contratos.
También en varios concursos, a los que sólo se pesentaba una empresa, faltaban requisitos como informes jurídicos, informes de la oficina de control económico o declaración de capacidad y compatibilidad. Además, algunos de esos contratos se prorrogaban luego durante varios años. Y en algunos de ellos se incrementaban las tarifas de forma significativa.
Es el caso de la empresas Medical Dom, a la que, según el informe, se concedían aumentos significativos «muy por encima de la media del resto de conciertos con otras entidades». En los años 2008 y 2009 se llegó a incrementos del 19% respecto al ejercicio anterior. El informe los considera «excesivos y no justificados». Por otro lado, afirma que se otorgó la autorización sanitaria a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI al margen del procedimiento legalmente establecido, «por lo que se plantea una investigación detallada sobre la responsabilidad en la que dicho director territorial hubiera incurrido».
Se trata de un autorización indispensable para poder concertar servicios sanitarios. Bengoa afirmo que será el TVCP el que decidirá la involucración del director territorial de Bizkaia, José Ramón Elorriaga. En otras de las irregularidades detectadas, se tramitó un procedimiento de emergencia a pesar de un informe desfavorable de la Oficina de Control Económico del Gobierno. Para homologar los gastos generados por ese contrato, el Consejo de Gobierno tuvo que convalidarlos en abril de 2007 y febrero de 2008 por un importe conjunto de más de dos millones de euros.
En sus conclusiones Sanidad anuncia que dejará de utilizar los servicios de la UTE Gestión de Servicios Siglo XXI-Clínica Indautxu, Rehabilidom, y anulará el incremento del 19% autorizado en las tarifas que puede aplicar la empresa Medical Dom en sus servicios. Además, iniciará un nuevo concurso para adjudicar los servicios de urgencias domiciliarias y abrirá un expediente a los cargos de Osakidetza implicados.
El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, eludió opinar sobre las responsabilidades de quienes permitieron las irregularidades detectadas en las contrataciones de Osakidetza y se remitió a los hechos del informe presentado. El viceconsejero Jesús María Fernández confirmó que los tres facultativos investigados tenían algún nivel de propiedad en las empresas y dos de ellos eran apoderados. Sin embargo, el expediente presenta «dudas jurídicas» sobre si este hecho es incompatible con la contratación. Respecto al resto de irregularidades, Fernández explicó que se les abrirá un expediente y que las sanciones podrían ir desde la suspensión de empleo hasta la expulsión del centro de trabajo, en función de las responsabilidades que se detecten en la auditoría del TVCP.
Por otro lado, Bengoa aseguró que con el anterior Consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, sólo habló en un primer momento cuando comenzaron a salir a la luz estos hechos y, según sus palabras, se mostró «tranquilo» y afirmó que no tenía nada que ver con el asunto. Bengoa insistió en que sólo el Parlamento de Gasteiz tiene la capacidad de decidir si existen responsabilidades de tipo político. P.R.A.
Sanidad dejará en manos de otra investigación del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas establecer las responsabilidades por estos hechos y cuantificar las perdidas económicas que pueden haberse ocasionado a la Administración
