La autorización de la prórroga de Garoña podrá dejarse sin efecto si la central nuclear incumpliera los límites y condiciones exigidas por el Gobierno español, entre ellas la seguridad. Ésta es una de las consideraciones de la orden ministerial por la que se acuerda el cese definitivo de la explotación de Garoña el 6 de julio de 2013, en la que, además, se establece el plazo para la presentación de recursos: de reposición en el plazo de un mes o bien un contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su publicación en el BOE, prevista para hoy.

Según la orden, la autorización de prórroga podrá «dejarse sin efecto en cualquier momento» si se incumplen los límites y condiciones exigidos y si se comprueba que ha habido «inexactitudes» en los datos aportados por Nuclenor. Además, si existen «factores desfavorables» desde el punto de vista de seguridad nuclear y protección radiológica.

Por su parte, Nuclenor, propietaria de la planta, podrá decidir cesar la explotación de la central antes de lo anunciado, salvo causas imprevistas o una resolución del Ministerio de Industria, pero deberá comunicarlo a la Dirección General de Política Energética y Minas y al CSN un año antes. No obstante, «el titular de la explotación no podrá realizar modificaciones y propuestas de actuación que impidan o dificulten el cese definitivo de la explotación en la fecha establecida».

En esta orden, el Ministerio de Industria señala que, previo informe del CSN, establecerá las condiciones a las que se deberá ajustar las actividades a realizar en la central hasta la obtención de la autorización de desmantelamiento, un proceso que, según el Ejecutivo, generará «más residuos radiactivos» que otras centrales.

Almacén de residuos

«La conveniencia de compatibilizar las previsiones del Gobierno respecto a la fecha de disponibilidad de un Almacén Temporal Centralizado para el almacenamiento temporal de residuos radiactivos (...) como requisito previo para iniciar su desmantelamiento, aconsejan también prolongar el funcionamiento», justifica la orden.

Hace referencia a los informes que la central deberá entregar en el primer trimestre y primer semestre de cada año natural sobre la gestión de la vida útil de la central nuclear y sobre diferentes aspectos técnicos.

La orden se hizo pública después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, compareciera tras el Consejo de Gobierno subrayando las medidas económicas que adoptarán en la zona.

Aseveró que la decisión de cerrar la central nuclear en 2013 es «política, definitiva e irreversible». Fernández de la Vega incidió una y otra vez en este punto para contrarrestar las declaraciones de los miembros del PP, cuyo líder, Mariano Rajoy, nada más tener noticia de la decisión del Gobierno adelantó que si su partido gana las próximas elecciones podría revocarla. La vicepresidenta insistió: «Está motivada, es lo razonable y, por tanto, es definitiva, de cese definitivo e irreversible. No es imaginable que alguien piense que va a cambiar esa decisión».