La Diputación de Gipuzkoa pidió ayer a las Juntas Generales que constituyan «cuanto antes» una comisión de investigación para esclarecer la denuncia que presentó la semana pasada la Fiscalía en la que figura como principal acusado el ex director de Hacienda de Gipuzkoa y ex senador del PNV Victor Bravo.

La institución foral difundió ayer un comunicado en el que justifica esta petición por las graves acusaciones que hace el ministerio público en su denuncia. En ella, imputa al ex director de Hacienda dos delitos de cohecho, cinco contra la Hacienda pública, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos. Estos mismo delitos también son atribuídos a Rufino Olcoz, que fue el jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general de Gipuzkoa durante el mandato de Joxe Joan González de Txabarri, del PNV.

En este caso también están implicadas otras cuatro personas, según consta en la denuncia y, en total, el perjuicio causado a la Hacienda en tributación del Impuesto de Sociedades superaría los dos millones de euros. Por todo ello, la Diputación considera necesario emprender una investigación en sede parlamentaria con el objetivo de que todas las formaciones políticas tengan toda la información sobre el caso, clarifiquen los supuestos delitos y definan responsabilidades.

«Tolerancia cero»

La institución guipuzcoana recala que «no va a cesar en su empeño» de llevar a cabo actuaciones contra el fraude bajo la consigna de «tolerancia cero», y reitera que ante cualquier actuación presuntamente delictiva colaborará «plenamente» con la justicia.